Para Carreras, el acceso a lago Escondido no es prioridad

Como lo hicieron sistemáticamente cada uno de los gobiernos provinciales desde que se judicializó el libre acceso a lago Escondido, que garantiza la constitución, Arabela Carreras apeló el fallo judicial que ordena a Río Negro a abrir el camino de Tacuifí, la vía más rápida para acceder al espejo de agua apropiado desde fines de los 90s por el magnate británico Joe Lewis.

El conflicto por el libre acceso está permanentemente en discusión dentro de la agenda nacional y Carreras no quedó afuera del debate, aunque por su accionar queda claro cuál es la postura que mantiene. La expresa a través del mandato que le instruye a los apoderados de la fiscalía de Estado o en el accionar de la Policía provincial, que la semana pasada custodió la tranquera de acceso desde la ruta 40 a la altura del Foyel, para que la marcha por la Soberanía no pudiera llegar hasta la costa apropiada por Lewis.

Ante la complejidad del caso, Carreras debió salir a aclarar cuál es la posición que adopta y lleva al Estado a presentar recursos para evitar el cumplimiento de la orden judicial, ratificada a medidados del año pasado. En un canal porteño fue consultada al respecto y fue categórica en sus declaraciones al asegurar que no se encuentran entre las prioridades de su gobierno. Además apuntó contra los manifestantes: "había personas de la provincia de Buenos Aires que representan a un signo político y tienen recursos oficiales para manifestarse".

Para llegar a lago Escondido hay una gran cantidad de propiedades en el camino, hay que partir al medio los campos de los pobladores, pagar el valor de la expropiación y alambrar todos los campos que estamos dividiendo en los pasos del camino. Esto representa un gasto millonario y tenemos una demanda similar de pobladores que quieren llegar a sus campos a través de un camino público y no pueden hacerlo

Y continuó: "Ahora nos encontramos con una militancia de la provincia de Buenos Aires que viene a exponer sus conceptos ideológicos sobre la Patagonia y militan temas que no vemos que se militen frente a las multinacionales que seguramente tienen propiedades en la provincia de Buenos Aires. Aquí está mal visto que vengan con esa prepotencia y atropellen a los vecinos que toda la vida vivieron en ese lugar".

"Para llegar a lago Escondido hay una gran cantidad de propiedades en el camino, hay que partir al medio los campos de los pobladores, pagar el valor de la expropiación y alambrar todos los campos que estamos dividiendo en los pasos del camino. Esto representa un gasto millonario y tenemos una demanda similar de pobladores que quieren llegar a sus campos a través de un camino público y no pueden hacerlo", argumentó la gobernadora rionegrina.

Una de las alternativas que impulsa el gobierno provincial y que fue descartada en su momento por la Justicia, es que se abra un tercer camino, que no sea el de alta montaña que significa dos días de caminata y tampoco el directo de unos 10 kilómetros desde la ruta 40, denominado Tacuifí. Y la propuesta es que lo pague la empresa Hiddel Lake (Lago Escondido en inglés) propiedad del magnate. En esta postura coinciden los intereses de la provincia y de Lewis.

Y con respecto a la apertura del camino ordenado por la Justicia fue tajante: "definitivamente no es una prioridad". Y explicó que cuenta con un presupuesto de "30.000 millones de pesos para emprendimientos similares. Entendemos que podemos poner esto en la lista de obras que hay que hacer".

La gobernadora defendió su postura con ejemplos similares, de millonarios que cercaron los accesos a lagos y ríos, y que también violan la ley, aunque no lo reconoció. "Con el lago Nahuel Huapi, por ejemplo, que tiene muchos propietarios adinerados nacionales y extranjeros que obstruyen el paso a la costa" pasa algo similar. Pero no dijo nada que en esos casos el Estado provincial tampoco hace nada para garantizar el cumplimiento de la manda constitucional.

Posteriormente reflexionó en su posición y agregó que "estamos de acuerdo con la libertad de expresión, incluso en este caso coincidimos en que sería deseable facilitar el acceso a todos los cursos de agua, pero esto requiere grandes recursos públicos por la forma en que ha sido comprada y vendida la tierra en la Patagonia".

El magnate Lewis compró a fines de los 90s, a través de un administrador en Argentina, 12 mil hectáreas en zona de seguridad de frontera por una insignificante cifra de 12 millones de dólares. Esta compra se judicializó y el que terminó la puja fue el juez Carlos "Coco" Maiques, quien archivó la causa. Precisamente este magistrado integra el grupo de funcionarios judiciales, políticos, ex agentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín que en octubre pasado viajaron a la estancia de Lewis en un vuelo charter y están investigados por presunta recepción de dádivas.