Fuentealba II: los ocho policías se declararon inocentes

Luego de los pedidos de condenas para los jefes policiales que diseñaron y ejecutaron el operativo en el que fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba en Arroyito en abril de 2007, los ocho imputados dieron su versión de los episodios y rechazaron que el crimen –por el que el cabo policial Darío Poblete fue sentenciado a prisión perpetua-, haya sido “encubierto” por las autoridades de la fuerza. También coincidieron en calificar de “belicoso” al gremio docente, y destacaron que “a nosotros hace 16 años que nos condenaron”.

En la penúltima jornada del juicio, el fiscal Maximiliano Breide Obeid solicitó que se declare responsable a Benito Gabriel Matus –único imputado por el que solicitó condena la fiscalía- por el delito de abuso de armas y lesiones leves agravadas por ser un funcionario público, agregando también el pedido al tribunal para que solicite a la Oficina Judicial penal la declaración de Jorge Sobisch en el juicio Fuentealba 1 y se lo investigue por la comisión del delito de “falso testimonio”.

Luego los abogados querellantes Marcelo Medrano y Ricardo Mendaña solicitaron que se juzgue este caso en el marco de una “grave violación de los Derechos Humanos por el uso desproporcionado de la fuerza”, solicitando que se declare responsables a los entonces jefe de policía Carlos Zalazar, al subjefe Moisés Soto, al superintendente de Seguridad Adolfo Soto, al responsable del operativo, Mario Rinzafri y jefe del departamento de Seguridad Metropolitana, Jorge Garrido, por los delitos de “abuso de autoridad y encubrimiento, agravados ambos por haber sido cometidos siendo todos ellos funcionarios públicos”. Y al jefe del grupo especial de Zapala, Julio Lincoleo y al subcomisario Aquiles González, por la figura de “encubrimiento agravado”.

Las defensas

La defensa de cinco de los imputados, a cargo de Gustavo Lucero y Manuela Castro, solicitó que se declare inocentes a sus defendidos quienes estaban “cumpliendo con su deber”, acusando al gremio docente de ser quienes con su accionar iniciaron el conflicto, vulnerando el derecho a la educación de los niños y el derecho a la libre circulación de la población. Remarcó a su vez que no hubo encubrimiento alguno cuando "el autor del homicidio del docente fue identificado y puesto a disposición de la justicia en menos de 24 horas gracias a la investigación policial".

Juan Coto, a su turno, solicitó declarar inocente a su defendido, Benito Gabriel Matus, alegando que no hay pruebas que demuestren el abuso de armas ni que haya lesionado de un culatazo en el hombro al docente Alejandro Castellar. También alegó que el uso de la escopeta “fue solicitado por un superior” y en el video queda demostrado que fue un “uso reglamentario apuntando al suelo y no al vehículo en el que se trasladaban los docentes”.

Esteban Sampayo, también solicitó la absolución de su defendido, Julio  Lincoleo, ya que luego de las declaraciones de los testigos quedó demostrado que no hay prueba concreta que pueda indicar que su defendido haya encubierto al cabo Poblete luego de su accionar contra el vehículo en el que se trasladaba Carlos Fuentealba.

Celestino Guzmán y Rubén Casas, en último lugar, pidieron separar el conflicto político existente en aquel entonces entre el gremio docente y el gobierno provincial de los hechos concretos que se están juzgando y que lo desarrollado durante el operativo fue todo "dentro del marco de la ley". “Ningún testigo manifestó haber sufrido heridas o lesiones causadas por la utilización del gas o de una fuerza desmedida por parte de la policía, por lo que se debe declarar la no culpabilidad de Carlos Zalazar”, por entonces jefe de la Policía.

“Todo dentro de la ley”

Este martes, el tribunal cedió la oportunidad a cada uno de los ocho ex policías imputados, para que pronuncien sus “últimas palabras” antes del veredicto.

Como argumento común, desde Moisés Soto –el primero en declarar- hasta Carlos Zalazar –el último-, expresaron que se sienten condenados “desde hace 16 años”, y que en este tiempo fueron blanco de “escraches y persecución” no solo personal, sino también contra su grupo familiar.

Zalazar, el imputado que tenía la máxima jerarquía el 4 de abril de 2007, contó cómo fueron las reuniones y los pedidos del entonces gobernador Sobisch para evitar que el gremio docente corte la ruta 22, y sí se les permita el corte en el puente “Carancho”, ya que el día anterior Vialidad había trazado un camino alternativo.

Dijo que ello no se pudo cumplir porque ATEN es “un gremio belicoso”. “Hacía más de un año que los maestros cortaban rutas, molestaban a la ciudadanía y mantenían un comportamiento belicoso. En el reclamo había más que una cuestión salarial en juego, había una decisión política del gremio”, expresó.

Al igual que el resto de los imputados, el ex jefe policial aseguró que se enteraron de que Carlos Fuentealba había sido herido mortalmente por un disparo de escopeta lanza gases a corta distancia, cuando arribaron a la jefatura de Policía. También aseguró que a las pocas horas en un móvil Darío Poblete fue llevado a su despacho y “desde se momento lo pusimos a disposición de la fiscal” Sandra González Taboada.

Una vez finalizados los testimonios, los jueces Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Diego Chavarría Ruiz, dieron por cerrado el juicio y anunciaron que en dos días darán a conocer el veredicto.