Los obreros de la empresa roquense Mundo Cristal volvieron a manifestarse en la puerta de la compañía y desde anoche realizan un acampe. Además, dos trabajadores iniciaron una huelga de hambre en demanda del pago adeudado de los salarios. Asimismo, exigen la reapertura de la firma con base en el Parque Industrial I de Roca.
Esta mañana, Zulma Dávila de la CTA Autónoma explicó que “la justicia no entrega la llave para que la empresa pueda funcionar. Después que dos empleados se encadenaron en la Ciudad Judicial la semana pasada, nada ocurrió. Se van a cumplir dos meses sin cobrar porque la empresa no produce. Responsabilizamos a la jueza Iglesias. La justicia le da la espalda a los trabajadores que hoy están de huelga de hambre y las 19 familias que están acampando”.
El conflicto inicial entre accionistas deriva de una sucesión iniciada en 2020, tras el fallecimiento de uno de los dos socios gerentes. Siete personas fueron declaradas herederas legítimas de aquel socio y desde entonces han reclamado al otro gerente que les reconozca su participación en la empresa. El problema derivó en más de 15 expedientes en materia civil y comercial, medidas cautelares y prohibiciones de acercamiento, investigaciones penales y expedientes de familia, implicando a casi todos los fueros del Poder Judicial. La complejización del conflicto ahora también repercute en reclamos de trabajadores, clientes y proveedores. Ante este panorama, resulta de enorme complejidad poder avanzar judicialmente en una articulación eficiente y componedora de los intereses en tensión.
¿Qué dijo la justicia?
La Unidad Jurisdiccional N°3 de Roca resolvió regularizar la administración de la empresa Mundo Cristal SRL por la vía judicial. Las instalaciones permanecen cerradas y a pedido del Ministerio Público Fiscal también dispuso custodia policial. La reapertura de la fábrica depende de que pueda encaminarse el proceso de regularización de la sociedad con la nueva interventora. El interventor anterior renunció recientemente, denunciando intimidaciones y hechos de violencia, obstrucciones a su labor y falsificaciones de su firma en documentación contable. Esas denuncias dieron origen a procesos judiciales en los fueros correspondientes.
Para que la fábrica vuelva a funcionar es necesario que, previamente, se cumpla una serie de medidas ordenadas por el juzgado en las últimas semanas. Entre esas medidas se encuentran:
1- Normalizar la administración interna de la SRL. Esa será la función primordial de la interventora designada este martes. Cabe señalar que la complejidad del conflicto hizo que, en la última semana, cinco contadores que habían sido sorteados rechazaran la designación.
2- La empresa deberá reconstruir los libros contables que denunció como perdidos.
3- Una vez definido el nuevo órgano de administración de la empresa se podrán reintegrar las llaves de las instalaciones. Esa medida se iba a concretar la semana pasada, pero resultó inviable ante la renuncia del interventor y el incumplimiento de compromisos que se habían asumido en el juzgado, en una audiencia realizada el 31 de julio.
4- La AFIP y a la Agencia de Recaudación de Río Negro deben responder los oficios enviados por la jueza para conocer balances, situación tributaria de la sociedad, nómina real de trabajadores declarados y estado de cobertura de la ART para garantizar la seguridad laboral de los empleados.