Para el juez Federal Hugo Greca, la presentación de firmas truchas de adhesión no es un delito. Así lo sostuvo en el expediente que tramita la oficialización en Río Negro del partido La Libertad Avanza. La encargada de llevar adelante el trámite, por orden de Karina Milei, es la diputada Nacional Lorena Villaverde, que de esta manera deja atrás un escándalo que dejó expuestas viejas prácticas por parte de aquellos que llegaron al poder para cambiar la política.
El trámite de oficialización, que en otras ocasiones es simplemente un formalismo, en el caso de LLA derivó en cientos de presentaciones de personas comunes que aseguran que aparecieron sus datos en las firmas presentadas por los operadores de Villaverde, encabezados por el oscuro Julian Goinhex (recordado por el fraude de la visita de Cristina Kirchner a Bariloche en 2012 o los despidos en el Estado en los primeros meses del Alberto Weretilneck como gobernador) y el apoderado Jonathan O'Rourke, titular de ANSES en Roca.
La hermana del presidente le trasladó a Vilalverde la responsabilidad de armar LLA en Río Negro y obtener el sello que le permita presentar lista propia el año próximo. Para eso sus armadores debían juntar 2.349 adhesiones, con firmas y datos personales de esas personas. Sin embargo, en la presentación surgió que sus operadores se habían robado los datos de padrones de UnTER, del Sindicato de la Fruta (O' Rouke es el abogado del gremio) y de la Federación de Boxeo (Celeste Ventureyra era la presidenta y fue nombrada en ANSES y PAMI en Bariloche).
Ante la serie de denuncias de las personas que aseguran que les robaron su identidad, sumadas a las de ex colaboradores de Villaverde, que presentaron actas con sus datos pero sus firmas fueron falsificadas, la oficialización del partido se judicializó. Pero luego de unas semanas de análisis el juez Federal de Roca, que subroga en Viedma que tiene competencia electoral, decidió desestimar un posible delito.
Greca, que pretende un lugar en la Cámara Federal de Apelaciones de Roca (donde quedó primero en el concurso que deberá tratar el Consejo de la Magistratura) coincidió con el fiscal federal Marcos Escandell en su dictamen. Para ellos, las cuestiones internas de los partidos políticos se deben solucionar puertas adentro y no consideran que sea una atribución de la Justicia.
"Como ya se ha expresado en otras ocasiones, las cuestiones que hacen a la vida de los partidos políticos deben ser resueltas internamente y sólo llevar a decisión de un juez (una sola persona por sobre miles), aquellas que las leyes determinan evitando asimismo no solo un dispendio jurisdiccional innecesario, sino también propendiendo a una optimización de los específicos y limitados recursos con que cuenta este poder para brindar el esencial servicio de justicia a la ciudadanía", argumentó el juez roquense.
Sin embargo, nada dice de la posible comisión de un delito como denunciaron las víctimas. “Respecto de las vistas conferidas, me expido por la negativa, es decir no cabe hacer lugar a los planteos de los presentantes", cerró el magistrado.
Con este guiño de Greca, Villaverde y sus operadores tienen 150 días hábiles para presentar las fichas de afiliación y posteriormente 180 días para ordenar las elecciones internas.