La audiencia de control de acusación por el fraude al Estado por las 404 viviendas del plan Techo Digno en Cipolletti quedó suspendida por pedido de los abogados defensores de los exintendentes Aníbal Tortoriello y Abel Baratti. Los letrados reclamaron que la acción penal estaría prescripta y pidieron el sobreseimiento inmediato de sus clientes.
En la audiencia desarrollada en Cipolletti, se debía verificar si restaba producir prueba o la causa ya estaba en condiciones de elevarla a juicio y en consecuencia que se fije la fecha. Pero el experimentado abogado Gustavo Palmieri planteó la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo. Al pedido del abogado de Tortoriello, también se sumó Rafael Ángel Cuchinelli, el representante de Baratti.
La querella, representada por el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Natalia Poblete, intentó evitar esa determinación y planteó que la jueza no podía expedirse sin antes contar con los antecedentes penales de los exjefes comunales, ya que la existencia o no de condenas previas podría modificar la aplicación de la prescripción. Ante la ausencia de oposición de las defensas, la jueza de juicio decidió postergar la audiencia hasta la incorporación de esos informes, estirando los tiempos de un caso que ya lleva años en los tribunales.
El pedido de prescripción aparece como la estrategia clave de Tortoriello y Baratti para intentar frenar el avance del proceso, mientras la fiscalía sostiene que ambos son responsables de administración fraudulenta y peculado, ligados a pagos por certificaciones de obra infladas y desvío de fondos destinados al programa habitacional.
El caso generó un fuerte impacto social: cientos de familias cipoleñas vieron truncado el sueño de la casa propia, mientras los imputados se defienden con maniobras legales que retrasan la definición judicial.
La investigación sigue su curso y el caso de Cipolletti se inscribe en un conjunto más amplio de causas vinculadas al programa Techo Digno en Río Negro, donde exfuncionarios, cooperativistas y empresarios enfrentan acusaciones similares. Mientras tanto, la defensa de Tortoriello y Baratti logró frenar temporalmente la audiencia, dejando en suspenso la resolución sobre la prescripción y el eventual inicio del juicio.
Lo curioso fue que minutos después de terminar su participación en la audiencia como imputado por el delito de fraude contra el Estado, desarrollada por Zoom, el diputado y candidato de La Libertad Avanza, Tortoriello, celebró en la red social X la modificación del Código Penal para bajar la edada de imputabilidad que presentó el presidente Javier Milei y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El tuit del cipoleño fue muy breve y con mayusculas: "TOLERANCIA CERO. ES HOY: EL QUE LAS HACE LAS PAGA". Y cerró con la frase "La Libertad Avanza o Argentina retrocede!!!"
La acusación en números
Imputados:
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Aníbal Tortoriello – exintendente, actual diputado nacional
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Abel Baratti – exintendente
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Lucila Chiocconi – ex contadora municipal
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Domingo Mocciola – empresa Roque Mocciola
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Arturo Mendiberri – empresa Sigma
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José Daniel Zoppi – empresa Zoppi
Delitos imputados:
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Administración fraudulenta en perjuicio del Estado (autores: Tortoriello y Baratti)
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Peculado (autores: Tortoriello y Baratti)
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Participación necesaria en administración fraudulenta (Chiocconi y los empresarios)
Cantidad de casas: 404 viviendas financiadas con fondos de Nación
Monto del fraude:
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Sobreprecios y certificaciones falsas: $16.551.411,02 (pagos de $77.395.651 frente a un valor real de $60.844.639,98)
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Desvío de fondos de la cuenta del programa “Techo Digno” a otras cuentas municipales.
