Bariloche, la joya turística de la Patagonia, huele mal. Y no solo por las toneladas de basura que la rodean, sino por décadas de desidia política que transformaron un paraíso natural en un foco de contaminación a cielo abierto. Con más de 136.000 habitantes y un millón de turistas al año, la ciudad muestra una postal que ningún folleto promocional incluiría: su basural municipal convertido en una herida que supura hace más de 40 años.
El basurero, ubicado dentro del ejido urbano, es una montaña de residuos sin tratamiento. Bolsas, desechos industriales y líquidos tóxicos conviven a metros de barrios habitados. Lo advirtieron vecinos, ambientalistas y organismos internacionales, pero las promesas se las llevó el viento de la cordillera. Lo más grave: Bariloche figura en un informe mundial entre los 50 basurales más contaminantes del planeta, y es el único de la Argentina en esa vergonzosa lista.
Según la Fundación Impacta, que eligió a Bariloche para su primer proyecto de transformación ambiental, el vertedero “es una bomba de tiempo heredada gestión tras gestión”. Cada día recibe 200 toneladas de residuos y acumula más de medio millón en total. Apenas el 5% se recicla. El resto, se pudre, se quema o se filtra en las napas. Los líquidos que genera la descomposición, los temidos lixiviados, se infiltran en el suelo y podrían estar llegando a los lagos Nahuel Huapi y Gutiérrez.
“Es una fábrica de veneno las 24 horas”, advirtió Iván Espeche Gil, vocero de Impacta en una nota con La Nación. “Los lixiviados se filtran a las napas, las gaviotas se alimentan allí y esparcen la contaminación por otros lagos. Es un círculo vicioso que enferma el agua, el aire y la salud de la gente”. Los vecinos lo saben bien: un relevamiento reveló que el 91% de los habitantes cercanos sufre problemas respiratorios, dérmicos o alérgicos.
Los incendios son frecuentes. Hace unas semanas, el fuego ardió tres días seguidos. “No lo podían apagar”, cuentan los vecinos. Y el miedo crece con la llegada del verano seco: un nuevo incendio podría ser incontrolable. En paralelo, decenas de familias sobreviven del reciclado informal, respirando tóxicos a diario. “Una tragedia social y ambiental”, define Impacta.
Aunque la ley provincial ordenó cerrar los basurales a cielo abierto antes de 2023, nada cambió. La ordenanza municipal que fijaba esa fecha límite fue letra muerta. Ni intendentes ni gobernadores se hicieron cargo del desastre. Mientras tanto, el intendente Walter Cortés admite que “la basura es un problema”, pero pone el foco en los costos del traslado. Un argumento que ya suena repetido y vacío.
La Defensoría del Pueblo, cansada de mirar cómo pasa el tiempo entre promesas incumplidas y olor a podrido, decidió intervenir. “Es urgente un abordaje integral. No podemos seguir naturalizando este daño ambiental”, dijo la defensora Mariana Minuth.
