Legisladores de Río Negro presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se detalle la actividad, estructura societaria, beneficios y controles aplicados sobre Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Viedma y requerido por la justicia internacional por causas de lavado de dinero y narcotráfico. El requerimiento de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro apunta a esclarecer posibles vínculos entre firmas mineras y capitales de origen dudoso, con impacto sobre los recursos naturales de la provincia.
El pedido involucra a la Secretaría de Minería, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de la Función Pública, Fiscalía de Estado, Asesoría Letrada y el Tribunal de Cuentas. Se exige información sobre contratos, subsidios, beneficios fiscales, uso de agua, estudios de impacto ambiental, inspecciones, sanciones y eventuales incompatibilidades con la Ley de Ética Pública.
Los legisladores recordaron que hasta el mes pasado el área de Energía —que incluye Minería, Ambiente e Hidrocarburos— estuvo a cargo de Andrea Confini, actualmente en licencia por su candidatura a senadora nacional y próxima directora de YPF. Según José Luis Berros, el objetivo es determinar si el gobierno provincial “está financiando negocios privados con recursos públicos, favoreciendo a empresarios como Ciccarelli y Machado”. El pedido incluye concesiones mineras otorgadas desde 2005 a empresas como Eco Friendly S.A., Gold Sand, Max Technology SRL, Southcross Logistics y L&C Mining S.A.C.
El caso genera especial preocupación por los antecedentes judiciales de los empresarios involucrados. Ciccarelli figura como socio y apoderado en distintas firmas vinculadas a Machado, además de haberse desempeñado como empleado estatal y luego adscripto al bloque de Juntos Somos Río Negro. Por su parte, Machado enfrenta causas internacionales y se encuentra detenido en Viedma a la espera de su extradición a Estados Unidos. Documentación judicial difundida en ese país lo vincula con transferencias de fondos destinadas a campañas políticas argentinas, a través de empresas utilizadas en operaciones de lavado en Texas.
La legisladora Ana Marks señaló que el requerimiento “trasciende lo electoral” y busca establecer si existieron beneficios estatales hacia empresas ligadas a capitales de origen dudoso, con impacto sobre el ambiente, los recursos naturales y la institucionalidad provincial. También se mencionó la relación de confianza entre Ciccarelli y la diputada Lorena Villaverde, candidata a senadora por La Libertad Avanza, lo que genera cuestionamientos sobre el vínculo entre empresarios investigados y figuras políticas con proyección electoral en Río Negro.
