Desde el bloque Vamos con Todos se presentó un proyecto en la Legislatura para que la Defensoría del Pueblo impulse una medida judicial ante la suspensión de Pensiones No Contributivas. El pedido se fundamenta en antecedentes de otras provincias y en fallos recientes de la Justicia Federal.
Ante el incremento de reclamos por la suspensión de Pensiones No Contributivas (PNC) para personas con discapacidad, desde el bloque Vamos con Todos se presentó un proyecto de Comunicación en la Legislatura de Río Negro para solicitar a la Defensoría del Pueblo que promueva una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal. La iniciativa busca garantizar la restitución de los beneficios y la tutela efectiva de los derechos afectados por decisiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según expresaron desde el espacio legislativo, se han registrado múltiples casos en distintas localidades de la provincia, con beneficiarios en situación de alta vulnerabilidad social y económica. Si bien el organismo provincial tomó conocimiento de los reclamos y realizó gestiones administrativas, se consideró necesario avanzar en una instancia judicial que permita una respuesta efectiva y urgente. “La suspensión masiva de pensiones constituye una vulneración de derechos humanos”, señalaron.
El pedido se apoya en antecedentes de otras provincias como Tucumán y Catamarca, donde las Defensorías del Pueblo promovieron acciones judiciales contra la ANDIS. En ambos casos, la Justicia Federal resolvió a favor de los beneficiarios y ordenó la restitución inmediata de las pensiones suspendidas. En Río Negro, también se dictó una resolución similar en la jurisdicción de Viedma, tras un amparo presentado por asociaciones civiles de Bariloche.
El fallo de la Justicia Federal de Viedma dispuso la restitución de las pensiones afectadas en un plazo de cinco días, con sanciones económicas en caso de incumplimiento. Desde el bloque se destacó la necesidad de articular esfuerzos institucionales para defender de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad, en cumplimiento de la Convención Internacional y del principio de no regresividad en materia de derechos sociales.
“El Estado nacional debe garantizar el acceso a los derechos adquiridos y evitar retrocesos que impactan directamente en la vida de miles de personas”, concluyeron.
