El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) dio por terminado el debate sobre la legalidad de los allanamientos nocturnos en causas por microtráfico. En un fallo reciente, la Sala Penal resolvió que esta herramienta procesal es constitucional cuando se trata de delitos vinculados al narcomenudeo, y que puede aplicarse bajo estrictos controles judiciales.
La resolución se dictó a partir de un recurso de queja presentado por la Fiscalía, luego de que una jueza de Garantías declarara la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Procesal Penal, al considerar que el ingreso a un domicilio fuera del horario de 7 a 19 vulneraba derechos fundamentales.
La jueza había argumentado que el allanamiento nocturno sólo debía autorizarse en casos excepcionales —como homicidios o delitos de extrema gravedad— y no en investigaciones por microtráfico. Sin embargo, el TSJ consideró que el narcomenudeo forma parte de la cadena de tráfico de estupefacientes y que su impacto social, especialmente sobre niños, niñas y adolescentes, lo convierte en un delito de alto riesgo para la comunidad.
La resolución se dictó a partir de un recurso de queja presentado por la Fiscalía, luego de que una jueza de Garantías declarara la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Procesal Penal, al considerar que el ingreso a un domicilio fuera del horario de 7 a 19 vulneraba derechos fundamentales.
Los vocales Alfredo Elosu Larumbe y Evaldo Moya destacaron que el Estado argentino tiene compromisos internacionales en materia de derechos humanos que lo obligan a desplegar acciones concretas frente al narcotráfico. “El microtráfico reviste gravedad, y su persecución requiere herramientas ágiles, siempre con recaudos para proteger los derechos de las personas”, señalaron.
Además, el fallo cuestionó la sentencia original por un “déficit argumental” al evaluar la escala penal prevista para este tipo de delitos, que contempla penas de entre 4 y 15 años de prisión, lo que demuestra su gravedad en términos jurídicos.
Los vocales del TSJ destacaron que el Estado argentino tiene compromisos internacionales en materia de derechos humanos que lo obligan a desplegar acciones concretas frente al narcotráfico. “El microtráfico reviste gravedad, y su persecución requiere herramientas ágiles, siempre con recaudos para proteger los derechos de las personas”, señalaron.
El TSJ también uniformó criterios dentro del propio sistema judicial neuquino, al aclarar que durante el trámite de control de este tipo de pedidos deben intervenir solo dos partes: la autoridad que solicita la medida (la Fiscalía) y el órgano de control (el juez o jueza de Garantías).
Con esta decisión, el máximo tribunal provincial dejó firme la posibilidad de autorizar allanamientos nocturnos en investigaciones de microtráfico, aunque advirtió que deben justificarse de manera excepcional y con fundamentos sólidos para evitar vulneraciones de derechos humanos.
La medida marca un precedente relevante para las investigaciones de narcocriminalidad en Neuquén, donde este tipo de procedimientos son considerados clave para frenar la venta de drogas al menudeo y desarticular redes que operan en barrios urbanos y suburbanos.
