La legisladora provincial Yolanda Mansilla, referente de Primero Río Negro, volvió a reclamar el tratamiento de su proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de estudios médicos anuales a funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores, personal legislativo y miembros de la Policía de Río Negro, con el objetivo de detectar consumo de sustancias ilegales. “Lo presenté en abril de 2024 y nadie movió un dedo. Hoy que todos se acusan de vínculos narcos, ¿qué pasa? ¿Le tienen miedo?”, cuestionó.
Las declaraciones se dieron en medio de una escalada política marcada por acusaciones cruzadas entre el gobernador Alberto Weretilneck y el sorismo, tras la publicación de una foto de María Emilia Soria junto a un integrante del clan Montecino. El mandatario vinculó al peronismo roquense con el narcotráfico, mientras que el legislador José Luis Berros respondió con dureza, acusando a Weretilneck de tener vínculos con Fred Machado, el empresario detenido en Viedma por orden de la Justicia de Estados Unidos.
Mansilla retomó ese contexto para reforzar su propuesta legislativa. “Uno parece que es falopero, la otra es novia del narco. Pero nadie pasa por el laboratorio y mucho menos se ponen a laburar un rato para pensar en la gente a la que deberían representar”, lanzó. La legisladora aclaró que su iniciativa no busca violentar derechos individuales, sino prevenir consecuencias perjudiciales para terceros. “El narcotest no es persecución, es transparencia”, afirmó.
El proyecto propone que los estudios médicos se realicen de forma anual y que los resultados sean públicos, como parte de una política de control institucional. “Hoy más que nunca sigo insistiendo. Si no tienen nada que ocultar, que se hagan el análisis”, remarcó Mansilla, en un mensaje que apunta a todos los espacios políticos. La legisladora también cuestionó la falta de debate legislativo y pidió que el tema se incluya en la agenda parlamentaria antes del cierre del año.
Finalmente, Mansilla sostuvo que la implementación del narcotest sería una herramienta para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. “No podemos seguir discutiendo quién está más o menos vinculado al narco sin hacer nada concreto. La política tiene que dar el ejemplo”, concluyó. Su propuesta se suma a las voces que, desde distintos sectores, reclaman mayor transparencia ante el avance de causas judiciales vinculadas al narcotráfico y el uso de recursos públicos.
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