La Legislatura de Río Negro debatió ayer un proyecto que busca expropiar dos parcelas privadas en Punta Colorada, en Sierra Grande, para sumarlas al área destinada a la Zona Franca. Según explicaron los funcionarios, las tierras son clave para completar el trazado funcional de la zona, especialmente las que tienen frente marítimo, y su incorporación es considerada “urgente” para garantizar la viabilidad del proyecto.
El ministro Milton Dumrauf y la secretaria Soledad Ponce destacaron que la adquisición voluntaria de los terrenos era imposible y justo “ancladas en el medio” del área destinada a la Zona Franca, lo que tornaría inviable todo el proyecto. El gasto estimado para esta operación es de aproximadamente 114 millones de pesos, cifra que los funcionarios consideran estratégica frente al potencial económico del proyecto.
Los legisladores que apoyaron la medida remarcaron el rol estratégico de la Zona Franca. Para Fernando Frugoni, la zona se vuelve imprescindible en el marco de los proyectos GNL2 y GNL3, que convertirán a la región en un centro de exportación de petróleo y gas, con beneficios para la economía provincial y la generación de empleo.
Desde algunos bloques surgieron dudas y críticas, centradas en la planificación territorial y en el costo que implica la expropiación para el Estado. También se recordó que los terrenos habían sido vendidos previamente por la empresa pública Hiparsa, y que uno de los propietarios podría tener contrato vigente con YPF, cuya validez de 4 ó 5 años podría significar un perjuicio para la provincia.
Se revelaron detalles sobre la historia de los terrenos: los lotes fueron entregados inicialmente en comodato en 2016 y luego se firmó un boleto de compraventa en 2019, con una escrituración reciente (marzo de 2024). El legislador Juan Murillo (PRO) y el legislador Delgado Sempé (VcT) señalaron la disparidad entre el precio de venta original (527.000 pesos en 2019 para una de las parcelas) y el monto actual de expropiación. Delgado Sempé afirmó que el precio de venta fue “irrisorio” y que al comprarlo a un precio muy superior se está “administrando mal, muchachos, nada más”.
A pesar de estas observaciones, la comisión aprobó la moción para dictaminar favorablemente el proyecto, dejando a los bloques PRO, VcT y PJ-NE 48 horas para emitir su dictamen definitivo. La expropiación queda así en camino, como un paso más hacia la consolidación de la Zona Franca de Sierra Grande, con la mira puesta en el desarrollo económico regional y nacional.
