La reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar la ley que regulaba la creación de un organismo para analizar reclamos territoriales indígenas volvió a abrir el debate en Neuquén sobre los conflictos de tierras que involucran a comunidades mapuches y a productores de larga data.
El cambio normativo, que en Buenos Aires se leyó como una medida administrativa, en la provincia tiene implicancias directas: deja sin efecto uno de los pocos marcos legales que ordenaban la relación entre el Estado y los grupos que reclaman tierras en zonas estratégicas, especialmente en Vaca Muerta.
En el corazón del conflicto aparece Tratayén, una zona donde confluyen proyectos energéticos, predios privados y territorios que algunas comunidades consideran “ancestrales”. Allí se registraron las disputas más visibles de los últimos años, con tomas, causas judiciales y denuncias cruzadas.
La derogación, interpretada por abogados y funcionarios provinciales como un paso hacia la “normalización” de las competencias, genera nuevas dudas sobre cómo avanzarán los procesos en curso y quién tendrá ahora la potestad de intervenir en ellos.
Neuquén busca frenar reclamos sin sustento legal
Desde hace tiempo, el gobierno neuquino viene impulsando con fuerza la necesidad de diferenciar entre comunidades reconocidas oficialmente y grupos que se presentan como mapuches sin contar con personería jurídica o relevamiento aprobado.
Fuentes provinciales remarcan que Neuquén ya completó el relevamiento oficial que determinó qué comunidades cuentan con personería y límites territoriales validados. En ese marco, sostienen que todo reclamo posterior por parte de agrupaciones no reconocidas carece de sustento jurídico y debe ser desestimado en los tribunales.
“La provincia no puede permitir que se generen conflictos permanentes sobre tierras fiscales o privadas cuando las comunidades legalmente reconocidas ya están registradas”, señalan desde el Ejecutivo neuquino.
El objetivo, explican, es evitar que grupos sin representación formal obstaculicen obras, inversiones o actividades productivas, especialmente en zonas energéticas como Vaca Muerta, Añelo, Tratayén o Rincón de los Sauces, donde se concentran los mayores proyectos hidrocarburíferos del país.
El marco legal que cambia tras la derogación
Con la medida firmada por el Ejecutivo nacional, se dejó sin efecto la Ley 26.160, sancionada en 2006, que declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan comunidades indígenas.
Esa norma había dado origen al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como organismo responsable de los relevamientos territoriales y de la suspensión de desalojos mientras durara la emergencia.
El nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1083/2024, publicado el 10 de diciembre de 2024, en su artículo 2°, declaró finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas en todo el territorio nacional, derogando expresamente toda su reglamentación, incluido el Decreto N° 122/2007.
En consecuencia, cayó el régimen excepcional que permitía la intervención judicial de comunidades sin personería jurídica, como fue el caso de la autodenominada “Comunidad Mapuche Lof Fvta Xayen” en Tratayén, la cual había invocado la ley derogada para participar de procesos judiciales sin acreditación formal.
Según consta en resoluciones judiciales recientes —entre ellas, la de la Cámara de Apelaciones y la del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ambas instancias ratificaron la ausencia de personería jurídica de esa agrupación y la extinción del régimen de emergencia, dejando sin efecto su legitimación procesal.
Así, el planteo de fondo se sintetiza en un párrafo del expediente:
"La intervención de la pseudo comunidad mapuche carece hoy de sustento jurídico y nunca tuvo sustento fáctico”
Mientras tanto, productores rurales y vecinos del interior celebraron la medida. “Durante años vivimos en la incertidumbre, sin saber si un día venía una orden judicial para frenar nuestro trabajo”, señaló un poblador de Añelo.
La eliminación del organismo nacional, dicen, devuelve a las provincias la posibilidad de arbitrar en sus propios conflictos, sin la superposición de competencias ni la burocracia que demoraba las soluciones.
La disputa por la tierra en Neuquén, que atraviesa historia, identidad y recursos naturales, vuelve así al centro del debate. Lo que en el Congreso se resolvió como una simple derogación administrativa, en la Patagonia se traduce en un cambio de escenario profundo: menos intermediación del Estado nacional, más protagonismo local y una necesidad urgente de diálogo real entre todos los actores.
Voces locales
María Eugenia Ferreyra, abogada especializada en derecho agrario, opinó que “la derogación pone a prueba la capacidad de la provincia para ordenar sus propios conflictos. Es una oportunidad, pero también una responsabilidad enorme”.
Héctor Ramos, productor del norte neuquino, celebró la medida: “Nos devuelve previsibilidad. Muchos de nosotros tenemos títulos desde hace décadas, pero vivíamos con miedo a perderlo todo por una denuncia sin sustento claro”.
Juan Fittipaldi, abogado neuquino de la familia Galván en Tratayén y especialista en Derecho Ambiental, analizó:
“Al eliminarse el régimen de excepción y la emergencia territorial, los reclamos actuales deben resolverse en base a las leyes civiles aplicables, con competencia en cada provincia. Ni los procesos judiciales, ni las sentencias, ni los desalojos pueden suspenderse. Vuelve a regir la igualdad de partes: todos sometidos a los mismos requisitos y riesgos. No hay más excepciones ni duplicidad de competencias Federal-Provincial. Se derogó un régimen evidentemente laxo que, al menos en Neuquén, dejaba la posibilidad de incorporar comunidades nuevas sin territorio, lo que generó la inmediata proliferación de reclamos en Vaca Muerta”.
Desde la Confederación Mapuche de Neuquén, en tanto, consideraron que “el Gobierno nacional eligió borrar un espacio de discusión en lugar de fortalecerlo”, y anticiparon que analizarán medidas legales para sostener los procesos en curso.
