Los bloques legislativos Partido Justicialista–Nuevo Encuentro (PJ–NE) y Vamos con Todos (VcT) presentaron un proyecto de ley que propone suspender los cortes de servicios públicos domiciliarios esenciales: energía eléctrica, gas natural y agua potable en toda la provincia de Río Negro hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida apunta a proteger a los hogares en situación de vulnerabilidad social y económica, asegurando condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad.
La iniciativa, denominada “Ley de Garantía de Continuidad en los Servicios Públicos Esenciales”, contempla beneficios para jubilados, pensionados, familias con ingresos por debajo de la canasta básica y hogares con personas con discapacidad. El acceso podrá solicitarse mediante declaración jurada, sin importar la titularidad del servicio, y las empresas prestatarias deberán ofrecer planes de pago accesibles, con cuotas que no superen el 20% de la factura de mayor consumo.
En caso de cortes previos, las prestadoras estarán obligadas a restablecer el suministro en un plazo de 48 horas sin costos de reconexión. La autoridad de aplicación será la Agencia de Recaudación Tributaria, que podrá intervenir ante negativas injustificadas y aplicar multas diarias de $50.000. Además, se prevé una campaña de difusión conjunta entre la Legislatura, la Agencia y las empresas para garantizar que la población conozca sus derechos.
La legisladora Ana Marks explicó que el proyecto surge del seguimiento de la ley vigente y de la falta de información sobre su cumplimiento: “Muchas familias siguen sufriendo cortes o acumulando deudas. Por eso entendemos necesario fortalecer la norma con mayor difusión obligatoria, sanciones ante el incumplimiento y una ampliación de los beneficiarios”. También remarcó que “esta ley es una herramienta concreta de protección, aunque sabemos que es un paliativo ante un problema estructural”.
Asimismo, destacó que la propuesta actualiza los alcances de la histórica Ley 4.395, sancionada en 2009 y prorrogada en distintas oportunidades. “Esta norma tiene carácter tuitivo para las familias rionegrinas con menos recursos. El acceso a los servicios públicos es un derecho humano. Desde 2008 venimos sancionando leyes con contenido similar, por unanimidad”, concluyó.
