Más de 2.000 reclamos recibió la Defensoría del Pueblo de Neuquén durante el último año, según informó el defensor Gustavo Mazieres al presentar su balance anual ante el Concejo Deliberante. El organismo registró un aumento notable de consultas vinculadas a trámites de personas con discapacidad, conflictos por obras privadas —ruidos, trabajos fuera de horario y afectaciones a viviendas linderas—, además de pedidos por veredas en mal estado y gestiones administrativas que los vecinos no logran resolver por otras vías.
En diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550 Mazieres explicó que uno de los focos más sensibles fueron las demandas de personas con discapacidad, que se multiplicaron a partir del relevamiento nacional de pensiones. “Fue un proceso desordenado que generó mucha incertidumbre, y ahí tuvimos un acompañamiento muy fuerte junto al área provincial de Discapacidad”, señaló.
Otro eje de reclamos en crecimiento está asociado al boom constructivo en la ciudad. La Defensoría intervino ante quejas por obras que no cumplen los horarios autorizados, por ruidos que afectan la convivencia y por edificaciones que avanzan sin informar a los vecinos cómo impactarán en inmuebles linderos. “Hay más de 5.000 obras en marcha en Neuquén y muchas no tienen todos los permisos en regla”, advirtió.
Veredas y ruidos molestos
Las veredas deterioradas también se convirtieron en un motivo constante de consulta. Mazieres recordó que la responsabilidad es de los frentistas y que la falta de mantenimiento genera serias dificultades de accesibilidad, sobre todo en sectores con desniveles pronunciados.
Otro punto destacado del informe fue el rol creciente de las mediaciones comunitarias, que la gente utiliza para resolver conflictos sin judicialización. Por eso, el defensor pidió actualizar la ordenanza 8316 para incorporar formalmente esta competencia y otras tareas habituales, como las intervenciones ambientales.
Demandas
Mazieres planteó dos necesidades para mejorar el funcionamiento del organismo: que el presupuesto 2025 se base en el gasto real ejecutado —para evitar pedidos mensuales de refuerzo— y que se evalúe la posibilidad de otorgar un terreno fiscal para construir una sede propia, dado que el edificio actual quedó chico y requiere mantenimiento. Aclaró que la intención es trabajar junto al municipio para encontrar una solución progresiva y sostenible.
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