La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) envió una nota al ministro de Salud, Demetrio Thalasselis y le manifestó preocupación por el reciente retiro de medicamentos en hospitales y centros de salud de la provincia. La medida responde a la Disposición 3158/25 de ANMAT, que prohibió la producción y comercialización de todos los productos de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., afectando el abastecimiento de medicamentos esenciales en distintos establecimientos sanitarios.
En la carta, ASSPUR solicitó información inmediata sobre las acciones que Salud adoptará para garantizar la continuidad de los tratamientos en los hospitales más afectados. El gremio exige respuestas para conocer el plan de contingencia para los centros de salud que registran mayor impacto por la falta de medicamentos, las medidas urgentes que se implementarán para reponer el abastecimiento en las próximas horas y las alternativas evaluadas para evitar interrupciones críticas en la atención de los pacientes.
Impacto en el sistema de salud
El gremio subrayó la urgencia de tomar medidas efectivas, ya que la escasez de insumos médicos compromete la atención de miles de pacientes que dependen de estos medicamentos para su tratamiento. Además, enfatiza la necesidad de mejorar los mecanismos de control y prevención, evitando que situaciones similares se repitan en el futuro.
Qué dijo el gobierno
El Ministerio de Salud de Río Negro explicó que puso en marcha un operativo urgente para reponer el stock de productos medicinales retirados de los 36 hospitales y más de 200 centros de salud de la provincia.
Ante esta situación, los hospitales han comenzado a adquirir medicamentos con fondos propios, mientras que Salud avanza en una compra centralizada de carácter urgente. También se activó un procedimiento de revisión de stock, para identificar y retirar de circulación cualquier unidad vinculada a las empresas sancionadas.
La Subsecretaría de Asuntos Legales está evaluando posibles acciones judiciales contra los proveedores involucrados en la comercialización de estos medicamentos. La intención es determinar responsabilidades y compensar el daño económico generado por la retirada de productos esenciales. Desde el gobierno provincial aseguran que se tomarán medidas estrictas para evitar que situaciones similares se repitan.