El gobernador Alberto Weretilneck anunció el envío a la Legislatura de una iniciativa que promete sacudir el mercado laboral de la provincia: un proyecto de ley que obligará a que al menos el 80% de la mano de obra en obras públicas y privadas con participación estatal sea rionegrina. La propuesta, apunta a blindar el empleo local y modernizar una normativa que llevaba casi tres décadas sin cambios.
El texto contempla que los trabajadores contratados sean residentes con una antigüedad mínima de dos años y, cuando sea posible, vivan a menos de 20 kilómetros de la obra. La idea, según el Ejecutivo, es que los beneficios de las inversiones no se queden en el papel y se traduzcan en empleo real para las comunidades cercanas.
Otro de los ejes centrales es la inclusión, al menos el 20% de los puestos deberán ser ocupados por personas de género distinto al masculino. En los casos en que no haya perfiles técnicos disponibles, las empresas estarán obligadas a participar en programas de capacitación para cubrir esa demanda, cerrando el círculo entre empleo, formación y desarrollo local.
Para garantizar que la norma no quede en letra muerta, se creará un Registro Provincial de Trabajadores Desempleados, que será administrado por la Secretaría de Trabajo en conjunto con municipios y sindicatos. Esta base de datos permitirá conectar a personas sin empleo con los proyectos en curso y, además, servirá como herramienta de control.
La iniciativa apunta a consolidar el acceso prioritario al trabajo en los grandes proyectos estratégicos, como el desarrollo de Vaca Muerta, la actividad portuaria en el Golfo San Matías y la expansión de la minería en la Región Sur. “Queremos que las mujeres y los hombres de nuestra provincia tengan el privilegio de ocupar esos puestos”, enfatizó Weretilneck. “No podemos generar falsas expectativas, pero sí debemos prepararnos para lo que viene”, agregó.
El proyecto prevé sanciones que van desde multas económicas hasta la rescisión de contratos e inhabilitaciones para las empresas que no cumplan. Según el gobierno, se trata de una medida estratégica en un momento en que Río Negro recibe inversiones energéticas, turísticas e industriales de gran escala, y donde el desafío es que ese crecimiento no deje afuera a su propia gente.
