La defensora del pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, solicitó este lunes al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad que instruya a la empresa Camuzzi Gas del Sur de abstenerse de cortar el servicio de distribución de gas a los usuarios residenciales de la provincia durante el período invernal. El pedido está dirigido especialmente a quienes se encuentran categorizados como Nivel 2 (N2) y Nivel 3 (N3), es decir, usuarios con ingresos bajos y medios que registren morosidad entre los meses de junio y septiembre de 2025. La solicitud se fundamenta en el impacto acumulado de los aumentos tarifarios, las temperaturas inusualmente bajas registradas en junio y la dependencia crítica del gas para calefaccionar los hogares rionegrinos.
Además de la suspensión de cortes, Santagati requirió que se habilite un mecanismo ágil, accesible y transparente para que los usuarios puedan distribuir el pago de sus consumos en cuotas o regularizar sus deudas con tasas de interés de mercado. El planteo incluye la posibilidad de realizar estos trámites sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas de atención de Camuzzi, lo que busca facilitar el acceso a soluciones para familias que enfrentan dificultades económicas. La defensora advirtió que las facturas de invierno reflejan consumos elevados y que muchas personas no podrán afrontar el costo sin endeudarse, lo que pone en riesgo el acceso a un servicio básico y esencial.
En su presentación, Santagati recordó que la Ley Provincial 4.395/09 —vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 - establece la suspensión de cortes de servicios públicos domiciliarios de gas natural y energía eléctrica en hogares donde la situación de desempleo o vulnerabilidad impida el cumplimiento de las obligaciones de pago. “El rigor climático de la zona geográfica en la que vivimos, sumado a las olas polares históricas que se han presentado y que pueden volver a hacerlo, incrementa sensiblemente la dependencia del consumo de gas y electricidad para calefaccionar. Por ello se requiere de especial sensibilidad para los usuarios rionegrinos”, expresó la defensora.
Santagati también cuestionó el modelo tarifario vigente y el rol del Estado frente a los monopolios naturales. “Si para acceder a un servicio básico los usuarios deben endeudarse o vivir refinanciando el costo de sus facturas, la razón de ser de todo el sistema está invertida”, afirmó. En ese sentido, destacó que los usuarios no tienen libertad de contratar con prestadores distintos, lo que los coloca en una posición de dependencia frente a las decisiones de las distribuidoras y los entes reguladores. La defensora insistió en que el equilibrio fiscal no puede lograrse a costa del acceso a servicios esenciales, y que el artículo 42 de la Constitución Nacional protege los derechos de los consumidores frente a estas situaciones.
El pedido de Santagati se suma a otras medidas judiciales adoptadas en distintas provincias, como la cautelar dictada en Tierra del Fuego por la jueza federal Mariel Borruto, que ordenó a Camuzzi abstenerse de cortar el suministro por falta de pago mientras se tramita un amparo colectivo. En Santa Cruz, en cambio, la justicia resolvió a favor de la empresa y autorizó el cobro retroactivo de montos no facturados, lo que dejó sin efecto la prohibición de cortes. En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Río Negro busca anticiparse a posibles conflictos y garantizar que los usuarios más vulnerables no queden excluidos del acceso al gas, especialmente en una temporada marcada por el frío extremo y el aumento sostenido de tarifas.
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