Este miércoles, el gremio UPCN que representa a los trabajadores estatales de Río Negro solicitó formalmente una reunión urgente del Consejo de la Función Pública para discutir una recomposición salarial a partir de septiembre. La nota fue enviada por el secretario general, Juan Carlos Scalesi, y fue dirigida a la titular del área, Tania Lastra. La organización sindical advirtió que el acuerdo salarial vigente vence en agosto y que la inflación deterioró gravemente el poder adquisitivo de los empleados públicos.
En la misiva, Scalesi planteó la necesidad de avanzar en un nuevo acuerdo que contemple la pérdida de ingresos reales frente al aumento del costo de vida. “Los trabajadores esperan con expectativa que se avance en una recomposición que permita recuperar el ingreso real”, expresó. El pedido se realizó en un contexto de inflación y subas limitadas en el sector público, donde los aumentos acordados para el trimestre junio-agosto fueron del 1,3% mensual, más sumas fijas escalonadas que ya habían sido rechazadas por UPCN y ATE en reuniones anteriores.
La tensión entre los gremios y el gobierno provincial se arrastra desde principios de año, cuando UPCN calificó de “miserable” la propuesta oficial presentada en febrero, por considerar que no respondía a la realidad económica ni a la pérdida acumulada del poder adquisitivo. En ese momento, el gremio alertó que muchos salarios seguían por debajo de la línea de pobreza y que la base de cálculo utilizada por el Ejecutivo estaba “devaluada”. Desde entonces, las negociaciones han sido intermitentes, con ofertas que no lograron satisfacer las demandas sindicales. La convocatoria solicitada ahora busca reabrir el diálogo antes de que finalice el acuerdo vigente.
El pedido de UPCN se sumó a los reclamos de otros sectores estatales, como UnTER, que también manifestó su disconformidad con los aumentos ofrecidos. En este sentido, Educación convocó al gremio docente para el lunes próximo, 25 de agosto. La nota enviada por Scalesi destacó la urgencia de la convocatoria y la necesidad de que el nuevo acuerdo entre en vigencia desde septiembre, para evitar un vacío salarial que agrave la situación de los trabajadores.
La Secretaría de la Función Pública aún no respondió el pedido. Mientras tanto, el gremio mantiene el estado de alerta y anticipa que no aceptará propuestas que no contemplen una recuperación real del salario frente a la inflación.
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