La Legislatura de Río Negro comenzó a debatir un proyecto de ley que propone enterrar progresivamente las redes aéreas de electricidad, telecomunicaciones y otros servicios en toda la provincia. La iniciativa, presentada por la legisladora Martina Valeria Lacour, del espacio PRO- Unión Republicana establece un régimen obligatorio, planificado y con metas verificables, que busca reducir riesgos, mejorar la calidad del servicio y modernizar el entorno urbano. El texto indica que las empresas prestatarias deberán colocar bajo tierra al menos el 5 % de su red aérea por año, hasta completar la totalidad en un plazo de veinte años.
El proyecto contempla que toda nueva instalación de redes se realice de forma subterránea, y que las empresas presenten un plan anual ante la autoridad de aplicación, priorizando zonas urbanas, turísticas, patrimoniales y de alta exposición climática. La Secretaría de Energía será el organismo encargado de controlar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento, y se creará un registro público y digital para el seguimiento. Además, se propone modificar el Marco Regulatorio Eléctrico para incorporar el soterramiento como criterio tarifario, e invitar a los municipios a adherir a la normativa.
Entre los fundamentos del proyecto se destacan razones de seguridad pública, protección ambiental, eficiencia del servicio y calidad de vida urbana. El soterramiento permitiría eliminar riesgos de accidentes por cables colgantes o caídos durante tormentas, nevadas o por caída de árboles, además de reducir el robo de cables, un delito en crecimiento que provoca cortes de energía, pérdidas económicas y hasta muertes accidentales. También se señala que esta técnica mejora la continuidad del servicio, evita interrupciones meteorológicas y representa un ahorro a mediano plazo para las empresas, al reducir multas y costos por fallas en el suministro.
La iniciativa se inspira en experiencias aplicadas en otras jurisdicciones, como en California, Quebec, en Canadá e Inglaterra y Chile, donde se han implementado normativas que obligan al retiro de cables en desuso y al soterramiento en nuevas instalaciones. En Chile, por ejemplo, la Ley N.º 21.172 (“Ley Chao Cables”) obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar cables obsoletos y promueve el soterramiento como política pública. En Inglaterra, las empresas eléctricas deben evaluar el impacto visual de sus líneas y asumir el costo de mitigación como parte de sus planes de inversión.
El proyecto de ley 923/2025 ya fue ingresado formalmente y será tratado por las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, Asuntos Constitucionales y Legislación General, y Presupuesto y Hacienda. Si se aprueba, marcará un cambio estructural en la gestión del espacio público, definiendo responsabilidades técnicas, financieras y operativas sobre el uso del subsuelo por parte de empresas de servicios. La propuesta busca articular esfuerzos entre el Estado, los municipios y los privados para transformar el paisaje urbano, mejorar la seguridad y garantizar servicios más confiables en toda la provincia.
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