El recurso de amparo presentado por el gobierno de Río Negro contra el Estado nacional por el grave deterioro de la ruta Nacional 151 aún no registró avances. La Justicia Federal no logró notificar oficialmente a la parte demandada. El motivo es directamente atribuible al decreto presidencial que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo central en el reclamo.
La presentación judicial, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck a principios de julio, con el acompañamiento de cinco intendentes del Alto Valle, cámaras empresarias y la Defensoría del Pueblo, reclama acciones urgentes para mejorar las condiciones de un tramo de 150 kilómetros entre Cipolletti y el límite con La Pampa, considerado “crítico” por los informes técnicos.
Sin embargo, el proceso judicial se encuentra trabado. La Fiscalía de Estado de Río Negro deberá ahora reformular el escrito de demanda y redefinir el destinatario, ya que el organismo que debía responder, la Dirección Nacional de Vialidad, fue cerrado por decreto por el gobierno de Javier Milei.
Esta situación genera un vacío legal que complica el avance del expediente, aunque, paradójicamente, Vialidad sigue operando administrativamente mientras se ejecuta su desguace.
Una ruta estratégica y en estado terminal
La Ruta 151 es clave para la conexión del Alto Valle con la región pampeana y transporta diariamente recursos, servicios y personas. Según el diagnóstico técnico aportado por Vialidad Rionegrina, presenta baches, ahuellamientos, desprendimientos del pavimento y falta de señalización en casi todo su trayecto.
El reclamo judicial busca que el Estado nacional realice obras de emergencia, señalización urgente, campañas de prevención y, en paralelo, la presentación de un plan técnico y financiero con cronograma y controles judiciales periódicos.
También se denuncia el incumplimiento en la asignación de fondos del impuesto a los combustibles, que debían ser destinados a obras de infraestructura vial.
Frente a la inacción nacional, algunos municipios comenzaron a actuar por cuenta propia. En Catriel, por ejemplo, se utilizaron fondos propios para realizar tareas de bacheo provisorio, ante el riesgo que representa la ruta tanto para los vecinos como para quienes circulan a diario por trabajo o estudios.
Un freno en el camino judicial
El reclamo de Río Negro fue calificado como una acción colectiva sin precedentes en defensa de la infraestructura vial de la provincia. La presentación incluyó estadísticas sanitarias y educativas que demuestran que más de 10.000 estudiantes, 2.300 docentes y cientos de ambulancias transitan diariamente por esa vía.
Sin embargo, el sorpresivo decreto de disolución de Vialidad Nacional dejó a la demanda sin un receptor claro. La Justicia Federal de Roca no pudo avanzar con la notificación, y ahora la Fiscalía de Estado deberá modificar el texto para adecuarlo a la nueva estructura del Ejecutivo nacional.
¿Y ahora qué?
Mientras se espera una resolución sobre cómo encauzar jurídicamente la demanda, la Ruta 151 continúa en estado de abandono, con obras mínimas de bacheo aislado que no resuelven los problemas estructurales.
Desde el gobierno rionegrino consideran que la judicialización es el único camino posible ante la indiferencia del Ejecutivo nacional. En cambio, desde el lado de Vialidad, aún en funciones, aseguran que ir a la Justicia solo “ralentiza” los procesos de mejora.