“Hubo manipulación en el listado de los beneficiarios. Se arregló todo para que los totales siempre dieran lo mismo”, con esas palabras un auditor que evaluó la documentación que avalaba el dinero entregado en concepto de ayudas sociales complicó aún más la situación de al menos tres de los imputados en el juicio por la estafa con planes sociales que se desarrolla desde el 21 de julio en Ciudad Judicial.
Se trata de la denominada megaestafa de los planes sociales, donde se presume que una asociación ilícita, compuesta por exfuncionarios y particulares defraudó al Estado mediante la entrega irregular de asignaciones, la falsificación de documentación y el desvío de fondos públicos que debían usarse para personas en situación de vulnerabilidad.
La causa investiga una supuesta megaestafa con planes sociales por un perjuicio superior a los 153 millones de pesos ocurrida entre 2020 y 2022. La actualización realizada en septiembre del año pasado elevó la suma a más de 1.000 millones de pesos. Son catorce los imputados por conformar una asociación ilícita con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso de tarjetas de débito sin debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9.303 hechos.
“Siempre se destinaba el mismo monto total. Pero lo que cambiaban radicalmente eran los montos que percibía cada beneficiario. Algo llamativo porque esos aportes no suelen variar tanto mes a mes, ni tampoco de beneficiario en beneficiario. Generalmente son pagos uniformes, que tienen poca variación”, agregó, ante las consultas del tribunal.
Ese auditor llegó a revisar el derrotero de esas percepciones cuando empezaron a evidenciarse las primeras irregularidades, que se hicieron públicas.
Múltiples irregularidades
Sobre eso precisó que había diferencias entre los listados aprobados y los que luego se usaban para repartir el dinero. Esas divergencias se daban entre los montos que aparecían destinados a cada persona entre una lista y otra. También con respecto a cómo se pagaba, a saber, a través de cuántos cheques y cuántos depósitos en cuenta. “Nunca coincidían esos datos”, aseguró el auditor.
El lapso revisado por el testigo fue el comprendido entre enero y junio de 2022. Esa documentación siempre aparecía avalada por el ex director de Planes Sociales Ricardo Soiza, el ex coordinador administrativo Tomás Siegenthaler y por la tesorera Julieta Oviedo, por eso ellos fueron los más complicados por sus declaraciones.
Testigos que complican a Isabel Montoya, pareja del arrepentido Néstor Sanz
Por otra parte también hubo dos testigos que evidenciaron que el patrimonio de Isabel Montoya sufrió un crecimiento abrupto. Esta mujer es la pareja de Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización, quien funcionaba como coordinador de las extracciones, y un arrepentido clave.
Sobre ella habló un empleado municipal de Centenario, que trabaja en el área de Comercio y fue convocado por Montoya para habilitar un flamante centro de estética. También el dueño de una empresa que administra consorcios, que dio cuenta que en un barrio privado había adquirido un lote a su nombre, por el que se comprometió a pagar $34.000 dólares en cuotas de 8.000 dólares, que se sumaría a la entrega de un auto de alta gama. En el arreglo también se mencionaría a Sanz, al que aludiría citándolo como su pareja.
Las audiencias del juicio continuarán este lunes en la Sala de Audiencias 12 de Ciudad Judicial.