La Secretaría General del Sindicato de Trabajadores del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (SITRAIUPA) denunció públicamente el despido de un docente sin sumario ni notificación formal, y calificó la situación como un caso de “violencia institucional creciente”. La secretaria general Marina Cepeda encabezó el reclamo gremial y acompañó al trabajador afectado, mientras el claustro estudiantil exige su restitución. “Sin respetar leyes laborales fue despedido un docente. No sabe por qué lo echaron ni de qué lo están acusando. Lo estamos acompañando y el claustro pide que vuelva”, expresó.
El conflicto se desató el miércoles 10 de septiembre, cuando el IUPA emitió un comunicado oficial informando el cese inmediato de funciones de un profesor, alegando “acciones reiteradas de maltrato hacia sus compañeros”, “incitación a la violencia con discursos de odio dentro de las clases” y “peligro hacia terceros”. La institución sostuvo que el docente “se rehusó a ajustar su conducta” y que las denuncias fueron reservadas por derecho de las víctimas. “Educar no es solo transmitir contenidos, es cuidar el bienestar de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa”, concluyó el texto.
Desde SITRAIUPA, Cepeda cuestionó duramente el procedimiento y el contenido del comunicado. “Hay una persecución a los trabajadores que piensan distinto. Es muy angustiante que se tomen este tipo de actitudes. Es una barbaridad lo que está pasando en el IUPA. Espero que el gobernador escuche y no mire para otro lado, en nuestra universidad están persiguiendo a nuestros compañeros”, denunció. También vinculó el accionar institucional con el contexto político nacional: “Es la misma política que está llevando Milei. Hoy es el Día del Docente del IUPA y estamos pidiendo la renuncia de Blanes y que haya elecciones”.
La fiscal Belén Calarco estuvo presente en el IUPA el miércoles, en el contexto de las actuaciones judiciales vinculadas al caso. En paralelo, se convocó a una mesa conciliadora que se realizará hoy a las 13 horas en la Ciudad Judicial, con la participación del rector Gerardo Blanes, representantes gremiales y autoridades judiciales. “No está claro qué sucedió. Se decidió no ocupar el edificio por mayoría absoluta, hoy acompañaremos el reclamo en la mesa”, confirmó Cepeda.
El gremio docente sostiene que el despido fue arbitrario, sin sumario ni defensa, y exige una revisión urgente de la medida. Mientras tanto, el rectorado mantiene su postura y defiende la decisión como “excepcional y proporcional al nivel de gravedad de las circunstancias”. La comunidad educativa sigue de cerca el desarrollo de la mesa conciliadora, que podría definir el rumbo del conflicto.
