La noticia cayó como un balde de agua helada en San Antonio Oeste. Alcalis de la Patagonia (ALPAT) despidió a 41 trabajadores, apenas 24 horas después de rubricar un acuerdo salarial que incluía el compromiso de no tocar puestos de empleo. La decisión, inesperada y brutal, reavivó el fantasma de la inestabilidad en una planta que ya había sido escenario de fuertes conflictos gremiales.
Desde la FESTIQyPRA, la federación nacional que agrupa a los sindicatos químicos y petroquímicos, salieron con los tapones de punta. Denunciaron que la compañía utilizó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite despidos sin invocar causa, como una herramienta para barrer con personal bajo la excusa de un “contexto difícil”. Para los dirigentes, no fue otra cosa que una traición y un ataque directo a los derechos laborales.
El comunicado de la federación fue claro: se trató de una “maniobra maliciosa y descarada” que atropelló la buena fe negociadora. Aseguraron además que no van a dejar solos a los despedidos y que preparan acciones para frenar lo que consideran un atropello. “Cada compañero y compañera despedida será acompañada en esta lucha”, remarcaron.
Mientras tanto, la empresa guarda silencio. Ninguna voz oficial salió a explicar cómo se llegó a esta decisión que dejó a decenas de familias a la deriva. En la ciudad, la indignación crece y ya se habla de movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo.
El conflicto recién empieza. Con un sindicato nacional que promete ir a fondo y un gobierno provincial que no puede mirar para otro lado, la pulseada por el futuro laboral en ALPAT amenaza con convertirse en un nuevo capítulo caliente en la Patagonia productiva.
