La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su profundo rechazo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso Nacional con amplio respaldo legislativo. Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentra la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, que adhirió al documento que calificó la medida como “un golpe institucional y social de extrema gravedad” y advirtió sobre el impacto directo en millones de estudiantes, docentes y trabajadores del sistema universitario público.
La ley vetada tenía como objetivo garantizar recursos adecuados y previsibles para el sostenimiento de las universidades nacionales, en un contexto de crisis presupuestaria que amenaza la continuidad de su funcionamiento. Desde ADPRA se remarcó que la decisión presidencial vulnera el derecho constitucional de enseñar y aprender (art. 14), así como la obligación del Congreso de dictar leyes que aseguren el financiamiento de la educación pública en todos sus niveles. También se recordó que los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, reconocen la educación superior como un derecho fundamental.
Santagati destacó que la Universidad Pública argentina no es solo un espacio académico, sino una institución estratégica que promueve la movilidad social, la producción de conocimiento y la soberanía cultural, tecnológica y científica. “Desfinanciar la universidad es pretender silenciarla, es retroceder a una universidad reservada para una élite, negando derechos conquistados por generaciones enteras de argentinos”, señaló. El comunicado advierte que el veto presidencial se inscribe en una política sistemática de hostigamiento hacia la educación superior pública.
Además, ADPRA cuestionó que la decisión del Ejecutivo nacional menoscaba la autonomía universitaria y desoye la voluntad del Congreso, órgano representativo del pueblo y de las provincias. “Se debilita el principio republicano de división de poderes y se lesionan los consensos básicos de nuestra democracia”, afirmaron. En este sentido, remarcaron que el recorte presupuestario no puede justificarse como un acto de austeridad responsable, ya que no se presentó una alternativa clara para garantizar el funcionamiento de las universidades.
El documento concluye con una defensa enfática del sistema universitario público como “la mayor obra colectiva de nuestra historia”, y llama a toda la sociedad a levantar la voz en defensa de la educación como derecho humano. “La educación no se negocia ni se ajusta; se garantiza y se conquista”, sostienen. Desde Río Negro, Santagati reiteró su compromiso con la promoción de derechos, la equidad territorial y el fortalecimiento de las instituciones públicas que garantizan el acceso al conocimiento y la justicia social.
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