El Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió abrirle la puerta a un planteo que nació en el Concejo Deliberante de Bariloche y que apunta directamente contra el intendente. Un grupo de ediles cuestionó que el Ejecutivo haya convocado a un referéndum con un temario amplio sin pedir autorización previa, lo que para ellos significó pasarse de la raya.
El tribunal no entró todavía en el fondo del asunto, es decir, no dijo si el referéndum es válido o no. Lo que resolvió es que la demanda tiene que tratarse como un conflicto de poderes, algo que ocurre cuando un poder del Estado se mete en terreno que corresponde a otro. Para los concejales, el intendente avanzó sobre funciones que le corresponden exclusivamente al cuerpo legislativo local.
En su resolución, el STJ le dio cinco días al Ejecutivo para que presente todos los papeles y antecedentes que llevaron a dictar las resoluciones cuestionadas. Con esa documentación sobre la mesa, los jueces empezarán a meterse de lleno en la discusión.
Desde la Procuración General ya habían advertido que la causa debía encuadrarse como un conflicto de poderes y que era el Superior Tribunal el que debía intervenir en forma directa. Con esta decisión, los jueces avalaron ese camino y dejaron en claro que se trata de un tema institucional, más allá de la pulseada política.
Por ahora, la pelota queda del lado del Ejecutivo, que tendrá que explicar en detalle cómo y por qué lanzó el referéndum. Lo que está en juego no es sólo una votación popular, sino los límites entre el intendente y los concejales, una tensión que promete seguir calentando la política barilochense en los próximos meses.
