El presidente Javier Milei firmó este miércoles un decreto que desactiva una serie de medidas impulsadas en los últimos meses y que habían generado fuerte resistencia en el Congreso y en el sector agropecuario. Con la publicación en el Boletín Oficial, se restituyó la plena vigencia de las normativas que habían sido modificadas por los decretos 345, 351, 461 y 462, entre ellos la intervención y degradación del INTA y otros organismos clave.
El nuevo Decreto 627/2025 revierte de manera explícita lo dispuesto por el polémico 462/25, elaborado bajo la influencia de Federico Sturzenegger, que había degradado al INTA, al INTI, al Instituto de Vitivinicultura, al de Semillas y al de Agricultura Familiar. Desde ahora, todas esas instituciones vuelven a su esquema histórico de funcionamiento.
Pero no es el único retroceso, también quedaron sin efecto el decreto 345/25, que disponía la fusión y eliminación de institutos con décadas de trayectoria; el 351/25, que transformaba al Banco Nacional de Datos Genéticos; y el 461/25, que ordenaba la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En todos esos casos, la motosierra libertaria chocó de frente con el Congreso, que derogó los textos legales la semana pasada.
En materia agropecuaria, el cambio es sustancial. Tras el rechazo parlamentario al decreto 462/25, se esperaba un paso atrás del Ejecutivo para devolver al INTA su esquema de gobernanza tradicional, con un Consejo Directivo integrado por diez consejeros: tres del Gobierno, dos de las universidades y cinco de las entidades del campo, entre ellas la Mesa de Enlace y CREA. El decreto publicado despeja dudas: el esquema original vuelve a funcionar.
Los dirigentes rurales habían discutido pedir una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, para exigir precisiones. El encuentro ya no será necesario, el decreto es contundente. Ahora la pelota está del lado de los productores, que deberán asumir el desafío de fortalecer al INTA y no esperar que las soluciones lleguen solo desde la política.
La nueva norma también anula decretos posteriores que habían profundizado la intervención. Entre ellos, el 571/25, que eliminaba la Dirección Nacional del INTA y desplazaba a su titular, Ariel Pereda. Con el cambio, Pereda debería retomar sus funciones. Lo mismo ocurre con el 585/25, que había redefinido la estructura del organismo y buscaba concentrar poder en pocas manos.
El texto legal aclara que todas las estructuras organizativas vuelven al estado previo a las reformas, aunque deja dudas sobre cómo se acomodarán los cargos directivos que habían sido reordenados meses atrás.
