La rutina de una agente de la Policía de Río Negro se transformó en un largo proceso judicial. Todo comenzó cuando intentaba entregar una cédula de notificación en una vivienda de Viedma. Al sobresaltarse por la presencia de un perro, perdió el equilibrio en una escalera y cayó. El golpe fue fuerte: sufrió lesiones en la cadera, la parte baja de la espalda, los glúteos y las piernas.
La ART que cubre a la fuerza policial reconoció el accidente y le brindó las atenciones médicas hasta darle el alta. Sin embargo, al cerrar el caso, negó que existieran secuelas permanentes y rechazó el pago de una indemnización. La mujer no se conformó y llevó el reclamo al Poder Judicial.
El expediente incorporó un informe de una médica forense que revisó los estudios, evaluó a la paciente y escuchó su relato. Concluyó que la caída le provocó un traumatismo en la zona lumbo-sacro-coccígea, con dolor persistente y limitaciones físicas. Determinó una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 8,7 por ciento. Además, aclaró que la lesión era compatible con el accidente y no podía atribuirse solo a una enfermedad previa.
La ART insistió en que no había secuelas incapacitantes y defendió los dictámenes de la Comisión Médica, que no habían reconocido indemnización alguna. También objetó aspectos del trámite administrativo, pero los jueces rechazaron cada uno de esos planteos.
Finalmente, la Cámara del Trabajo de Viedma dio por válidas las conclusiones periciales y sostuvo que la aseguradora no presentó argumentos técnicos sólidos para rebatirlas. El fallo reconoció el derecho de la agente a ser compensada por las secuelas sufridas y ordenó el pago de una indemnización millonaria superior a los nueve millones de pesos, actualizada al momento de la liquidación.
La sentencia, de primera instancia, aún no está firme: la ART puede apelar.
