TOLERANCIA CERO
La purga llegó a una de las empresas del Estado neuquino
Echaron al gerente y presidente de la minera provincial, por una deslealtad muy grave con la que inclusive ganó dinero.
La acusación fue grave y el castigo severo: Martín Miguel Irigoyen fue despedido del cargo jerárquico que ocupaba en la Corporación Minera del Neuquén (Cormine), por haberla defraudado. Los auditores establecieron que representó a esa empresa del Estado en una causa laboral, sin tener autorización. Y que, además, perdió aquel juicio y que de todos modos le cobró a la compañía por sus servicios de abogado.
Este caso que decantó en su cesantía gira en torno a una demanda, cuyo expediente se inició en 2015. Pero Irigoyen tuvo otras complicaciones a lo largo de su trayectoria en los gobiernos anteriores.
En mayo de 2020, cuando ocupaba el cargo de presidente (durante el gobierno de Omar Gutiérrez), fue denunciado penalmente por concejales de Andacollo y Huinganco, debido a la rescisión del contrato con la empresa Triden, que les adeudaba más de dos meses de salarios a sus trabajadores, a proveedores y a comercios de la zona.
Antes, en octubre de 2009, la entonces diputada provincial y hoy ministra de Educación, Soledad Martínez, había denunciado -en plena sesión- una vinculación entre Irigoyen y la empresa de capitales chinos Emprendimientos Mineros S.A., que pretendía adjudicarse la explotación de la mina de cobre de Campana Mahuida.
En fin, durante este fin de semana le enviaron la carta documento en la que el vicepresidente de Cormine, Gabriel Enrique Ranucci, expuso: “Me dirijo a usted a fin de notificarle su despido con justa causa del cargo de gerente general de la empresa”.
Ranucci argumentó el despido en “la grave injuria laboral” en la que incurrió Irigoyen “al haber intervenido en el doble carácter de apoderado y patrocinante en los autos caratulados “Acuña María Pascuala y otros C/Corporación Minera del Neuquén (Cormine SEP y otro S/cobro de haberes”.
Irigoyen no mostró atisbos de lealtad o buena fe laboral con la compañía del Estado, dicen. Y, con su accionar, comprometió la defensa judicial de la compañía. Puntualmente lo acusan de haber acordado con la otra parte el pago de un monto “superior al de la condena firme”. Como además cobró, pese a que no le correspondía, le advirtieron que muy posiblemente harán una presentación ante la Justicia Penal, para que lo investigue por la presunta comisión del delito de defraudación contra la administración pública.
