La defensa del diputado nacional Aníbal Tortoriello volvió a la carga en la causa Techo Digno de Cipolletti y pidió que se declare la nulidad por prescripción, en un expediente que investiga el pago de un 22% más en la construcción de viviendas que las realmente se avanzó en la obra durante su gestión y la de su antecesor, Abel Baratti. La maniobra, actualizada por inflación, ronda los 5.000 millones de pesos.
El planteo fue presentado durante una nuevaaudiencia judicial en la causa deniminada Techo Digno, como el plan de Nación que se ejecutaba a través de los municipios. La estrategia de los defensores apunta a que la Justicia declare extinguida la acción penal, pese a que la investigación avanza sobre presuntas irregularidades millonarias en la ejecución del programa financiado por el gobierno de Cristina Fernández.
Para entender la magnitud del caso hay que retroceder en el tiempo. El acuerdo para la construcción de las viviendas se firmó el 17 de abril de 2015 entre la Secretaría de Vivienda de la Nación y la Municipalidad de Cipolletti. El convenio establecía un plazo de ejecución de 12 meses y contemplaba la construcción de más de 400 viviendas destinadas a familias de la ciudad.
En ese contexto, el gobierno municipal de entonces, encabezado por Abel Baratti, avanzó con la licitación de las obras, que fueron divididas en cuatro tramos y adjudicadas a distintas empresas privadas. La roquense Roque Mocciola quedó a cargo de 102 viviendas, la reginense Zigma de 105, Eca (también de Roca) de 100 y la local Zoppi de 97 unidades habitacionales.
Sin embargo, el problema apareció cuando los contratos fueron rescindidos. Allí, las auditorías y peritajes detectaron fuertes diferencias entre el avance real de las obras y las certificaciones que habían sido facturadas y cobradas. Según la acusación fiscal, las cuatro empresas recibieron en promedio un 22% más de dinero que lo efectivamente construido.
Ese porcentaje, que en su momento ya encendía alarmas, hoy adquiere otra dimensión. Actualizados los montos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al 31 de marzo de 2025, el perjuicio económico para el Estado alcanza a unos 5.000 millones de pesos. Una cifra que explica por qué la causa Techo Digno sigue siendo una bomba política y judicial.
Frente a este escenario, ayer, la defensa de Tortoriello insistió con que la causa debe caer por prescripción. El argumento central es que los hechos investigados se remontan a 2015 y que, al no existir una sentencia firme luego de tantos años, la acción penal debería darse por extinguida, lo que derivaría en la nulidad del proceso.
No obstante, ese planteo ya fue rechazado en noviembre pasado por la jueza Alejandra Berenguer, quien sostuvo que la prescripción no corre porque uno de los imputados continúa ocupando un cargo público. En su resolución, la magistrada aplicó el artículo 67 del Código Penal y la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que establece la suspensión del plazo cuando hay funcionarios en funciones. Todo en relación a Tortoriello quien en ese momento cumplía su primer mandato como diputado Nacional, cargo que volvió a asumir en diciembre del año pasado.
Ese punto es clave y vuelve a poner en el centro de la escena al empresario del transporte. Su continuidad como funcionario no solo mantiene viva la causa, sino que además abre un flanco político de alto voltaje de cara al futuro. Es que las aspiraciones políticas dentro de la provincia quedan truncas al estar en vigencia la ley de Ficha Limpia.
La causa Techo Digno de Cipolletti es parte de una megainvestigación provincial que involucra a exintendentes y empresarios de distintas ciudades rionegrinas. En el caso de Cipolletti, la Justicia aún debe resolver los recursos presentados por las defensas. Mientras tanto, la investigación sigue su curso rumbo al juicio y mantiene en vilo no solo a los imputados, sino también al tablero político rionegrino.
El planteo de las defensas
El juez Marcelo Gómez estuvo al frente de la audiencia de ayer, que tiene como imputados, ademas de los dos exintendentes de Cipolletti, a la excontadora municipal Lucila Chiocconi; y los empresarios. El fundamento de los abogados de Tortoriello, Sebastián Perazzolli y Gustavo Palmieri, y de Rafael Cuchinelli por aprte de Baratti, es que la jueza Berenguer no evaluó adecuadamente los elementos aportados y que efectuó una interpretación errónea del artículo 67 del Código Penal. Y pidieron el sobreseimiento.
Ahora, Gómez, como juez del Foro de la Cuarta Circunscripción, deberá resolver sobre el nuevo recurso presentado por los abogados defensores de los ex intendnetes acusados de administración fraudulenta y peculado.
