Un hecho de caza ilegal de guanacos ocurrido en octubre de 2025 dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi derivó en una multa millonaria y en un acuerdo judicial que apunta a generar conciencia ambiental y fortalecer la protección de la fauna en la región cordillerana de Neuquén.
El episodio se registró el 8 de octubre, cuando un comisario retirado alertó a las autoridades sobre la presencia de personas faenando guanacos, una especie protegida, en las inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 63, en el paraje El Chenque. Tras la denuncia, guardaparques y personal policial intervinieron rápidamente en el lugar.
Durante el procedimiento se incautaron restos del animal, cortes de carne, cuchillos y una camioneta Chevrolet S10 negra, utilizada para el traslado. La investigación avanzó y los acusados aceptaron su responsabilidad en el marco de una suspensión de juicio a prueba.
Como parte del acuerdo, los imputados deberán donar un total de 6 millones de pesos a la Fundación Civil Ñacurutú, una organización dedicada a la protección de la fauna silvestre que desarrolla acciones en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura. Cada uno de los involucrados aportará dos millones de pesos, a pagar en tres cuotas. La devolución del vehículo secuestrado quedará supeditada al pago de la primera cuota.
Además de la sanción económica, el acuerdo contempla reglas de conducta estrictas por el plazo de un año. Entre ellas, los imputados deberán realizar un curso de Zoología y concientización sobre caza ilegal, dictado por el Instituto Edutin Academy, entregar los permisos de caza y abstenerse de portar armas durante todo el período.
En el marco de la causa también intervino la Unidad de Procesamiento (UNIPRO) Bariloche de Gendarmería Nacional, que realizó diligencias complementarias. Uno de los implicados entregó de forma voluntaria el rifle utilizado para cazar al guanaco, el cual fue remitido al Registro Nacional de Armas (RENAR) para su destrucción.
Desde el ámbito judicial remarcaron que el acuerdo no solo busca sancionar la caza furtiva, sino también sentar un precedente en la defensa del patrimonio natural. La combinación de una multa millonaria, restricciones legales y acciones educativas apunta a desalentar este tipo de prácticas ilegales y proteger a las especies que habitan en los parques nacionales de la región.
