La jueza de garantías Natalia Pelosso resolvió extender por cuatro meses el plazo de investigación en una causa por presunta defraudación agravada en perjuicio de la administración pública, que involucra a exfuncionarios del gobierno neuquino.
La decisión fue tomada a partir de un pedido de las defensas de Germán Chapino y Abel Di Luca, quienes argumentaron no haber contado con el tiempo suficiente para preparar su estrategia desde la formulación de cargos, realizada el pasado 4 de marzo.
El planteo contó con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal (MPF), que también sostuvo la necesidad de ampliar los plazos para completar medidas de prueba relevantes.
Pruebas clave en análisis
Desde la fiscalía, encabezada por Rocío Rivero junto al asistente letrado Facundo Bernat, indicaron que aún restan producir evidencias centrales para sostener la acusación.
Entre ellas se destacan el análisis de información extraída de un teléfono celular, informes solicitados al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y un estudio contable sobre pagos vinculados a los hechos investigados.
La causa y los nuevos imputados
El expediente ya tenía como acusados a seis integrantes de la cooperativa Viento Sur, investigados por el presunto uso indebido de fondos públicos otorgados a través de un programa oficial de capacitación.
En ese marco, el 4 de marzo se sumaron como imputados Chapino y Di Luca, a quienes se les atribuye haber autorizado pagos mensuales sin verificar los requisitos exigidos por la normativa vigente, además de avalar rendiciones incompletas o inconsistentes.
Según la investigación, los desembolsos comenzaron el 18 de julio de 2022 —incluso antes de la firma del decreto que creó el programa— y se extendieron hasta diciembre de 2023.
Delitos y contexto
La maniobra fue encuadrada en el delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública, en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que agrava la situación de los exministros.
El programa bajo análisis establecía controles previos obligatorios para cada pago, como la verificación institucional de las organizaciones, certificación de autoridades y acreditación de capacitaciones.
Cuatro meses más de investigación
Tras escuchar a las partes y considerar que se trata de un caso complejo, la jueza Pelosso hizo lugar al pedido y dispuso la prórroga del plazo de investigación por cuatro meses para todos los imputados.
De esta manera, la causa sumará nuevas instancias probatorias clave antes de avanzar hacia una eventual etapa de definición judicial.
