La media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años volvió a poner en el centro del debate el régimen penal juvenil. En diálogo con el programa Entretiempo por AM550, el vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Germán Busamia, relativizó algunas lecturas sobre el alcance de la iniciativa y aseguró que “la prisión efectiva será una excepción”.
“Se ha escuchado mucho que cualquier menor de 14 años que cometa delitos será rápidamente sometido a proceso y a una pena de prisión. Ese concepto no se corresponde con el contenido del proyecto”, afirmó. Y remarcó: “La pena de prisión efectiva será una excepción en todo el sistema”.
Un debate histórico y con posturas enfrentadas
Busamia contextualizó la discusión legislativa al señalar que la edad de imputabilidad es un tema que lleva décadas en debate. “Si uno revisa los proyectos desde 1980 a la fecha, debe haber cerca de cincuenta o más vinculados a esta temática”, explicó.
Según el magistrado, la media sanción logró algo inusual: “Fue la primera vez en años que se obtuvo dictamen y una sanción con un número de diputados muy superior al mínimo. Casi 150 legisladores de distintas visiones apoyaron el proyecto”.
El texto aprobado en Diputados baja la edad de imputabilidad a 14 años y establece un régimen penal juvenil integral para adolescentes de entre 14 y 18. No obstante, Busamia aclaró que la prisión efectiva solo podría aplicarse en casos de delitos graves con penas superiores a diez años.
“En el resto de las situaciones el sistema prioriza medidas alternativas: tratamientos, prohibiciones de acercamiento, monitoreo electrónico o mediación penal”, detalló. Incluso, para delitos con penas menores a tres años se prevén mecanismos como la suspensión del juicio a prueba.
Impacto en Neuquén: sin cambios inmediatos
Consultado sobre las implicancias para la provincia, Busamia consideró que no habría conflictos con la normativa local. Recordó que Neuquén cuenta desde 1999 con la ley provincial 2302 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que incluye su propio capítulo penal juvenil.
“No debería haber ninguna preocupación sobre que la modificación de la ley nacional genere un conflicto o una revisión de la ley 2302. Las cuestiones procesales son materia provincial y Neuquén debería continuar aplicándola tal cual está diseñada”, explicó.
De todos modos, señaló que podrían surgir debates de constitucionalidad o convencionalidad en casos concretos. “Eso seguramente se planteará en distintos lugares del país y serán los jueces quienes deberán resolverlo”, sostuvo.
“No alcanza con bajar la edad”
El vocal del TSJ remarcó que existe consenso en que la reducción de la edad de imputabilidad no resolverá por sí sola la problemática del delito juvenil. “Todos remarcaron la necesidad de desplegar mucha prevención antes de la intervención judicial penal”, dijo.
En ese sentido, advirtió que el Poder Judicial actúa cuando el daño ya ocurrió. “El poder judicial es la intervención represiva cuando el hecho ya ha ocurrido. Por eso es necesario que el Estado en todas sus agencias tenga la misma mirada preventiva”, subrayó.
En Neuquén, el fuero penal juvenil registra entre 750 y 800 causas anuales, en su mayoría por delitos contra la propiedad. Busamia destacó el trabajo en audiencias orientadas a la responsabilización y cambio de conducta de los menores, aun cuando no sean punibles.
Sin embargo, insistió en que las medidas alternativas requieren respaldo estatal: “La ley parece integral, pero si no se respalda con dispositivos que no son del Poder Judicial sino de los poderes ejecutivos, es probable que su objetivo se dificulte”.
Revisión local, una posibilidad
Finalmente, el magistrado dejó abierta la puerta a un debate provincial sobre el régimen vigente. “Si como comunidad neuquina creemos que hay que revisar la forma en que se aplican las penas a menores, eso debe proponerse en la Legislatura provincial”, afirmó.
Mientras el proyecto continúa su camino en el Senado, Busamia resumió el escenario con cautela: “No es solo una herramienta la que puede atacar la problemática de menores en conflicto con la ley penal; sin prevención y programas de integración, la eficacia será difícil”.
