Una acusación directa: “No cometió ningún delito”
La respuesta de la defensa fue frontal. Javier Pino, uno de los abogados que representan al intendente Luis Bertolini, afirmó que “el intendente no ha cometido ningún delito” y calificó la situación como “pocas veces vista desde el punto de vista institucional”.
El planteo no se limitó a rechazar la acusación. Pino puso el foco en el trasfondo político del conflicto y recordó que hace aproximadamente 60 días circulaban versiones sobre una eventual renuncia del jefe comunal. Según señaló, esas versiones no prosperaron y ahora el escenario se trasladó a los tribunales.
Las fechas bajo la lupa
Uno de los ejes más sensibles del discurso fue el calendario. La denuncia, indicó el abogado, fue iniciada el 21 de diciembre.
Pino pidió “analizar el tiempo” transcurrido hasta los allanamientos y subrayó que los procedimientos se concretaron después de la feria judicial y a pocos días de una convocatoria del Concejo Deliberante.
También cuestionó que uno de los operativos se realizara en el domicilio particular del intendente para buscar documentación administrativa vinculada al decreto que involucra al barrio privado Los Canales, un documento que —según sostuvo— ya era público desde hacía 11 meses.
El decreto 646/25 y el barrio Los Canales
La causa judicial analiza el decreto 646/25, que eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio Los Canales durante el primer semestre de 2025.
Sobre ese punto, Pino afirmó que el decreto contiene cuatro artículos y que el intendente rechazó planteos vinculados al pago de tasas por baldío y cloacas, además de rechazar un pedido de declaración de inconstitucionalidad de una ordenanza.
Según explicó, el único aspecto que podría discutirse es la suspensión transitoria del cobro de una tasa. Para la defensa, esa decisión buscó evitar un eventual litigio millonario contra la Municipalidad.
“Eso se puede discutir en el foro contencioso administrativo y es un disparate que eso pueda ser una cuestión penal”, sostuvo.
La empresa Valco y el circuito administrativo
El segundo eje de la investigación es el mecanismo de contratación con una empresa privada.
Pino remarcó que el intendente cuenta con una estructura administrativa interna y que, ante las denuncias, se iniciará un sumario para deslindar responsabilidades. Señaló que la gestión diaria implica firmar actos administrativos de manera constante y que existe un principio de confianza en las áreas técnicas encargadas de los controles.
La defensa planteó que, si hubo irregularidades, deberán determinarse en el marco de los procedimientos internos correspondientes.
Un conflicto que ya es institucional
Los allanamientos —cinco en Plottier, dos en Neuquén y uno en Cipolletti— fueron ordenados por la jueza de garantías Carina Álvarez y ejecutados por la fiscalía de Delitos Económicos, integrada por Juan Manuel Narváez y Rocío Rivero, bajo la supervisión de Pablo Vignaroli.
Para la defensa, la denuncia tiene “un tinte de naturaleza muy política” y se da en un contexto en el que —según afirmaron— no lograron quebrar la decisión del intendente de continuar en funciones.
Mientras la causa avanza y la documentación secuestrada comienza a ser analizada, el conflicto en Plottier dejó de ser solo un expediente judicial: se convirtió en una disputa abierta sobre el alcance de las decisiones administrativas, el rol de la Justicia y la estabilidad institucional de la ciudad.
