La causa judicial que investigaba una millonaria estafa contra la obra social del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa tuvo su cierre definitivo tras un acuerdo entre las partes. Los médicos involucrados devolvieron la totalidad del dinero percibido de manera irregular, una cifra que supera los 200 millones de pesos, actualizada y con los costos del proceso incluidos.
El abogado querellante, Marcelo Hertzriken Velazco, confirmó a Mejor Informado que el conflicto se resolvió mediante una mediación confidencial, lo que permitió reparar íntegramente el perjuicio económico sufrido por la obra social. “La instrucción fue clara: recuperar todo el daño patrimonial, actualizado, y excluir para siempre a estos profesionales como prestadores”, explicó.
Según detalló el letrado, el acuerdo alcanzado contempló tres ejes centrales. En primer lugar, la restitución completa del dinero cobrado por prácticas médicas que no se habrían realizado. En segundo término, la exclusión definitiva del traumatólogo infantil y del anestesista involucrados como prestadores no solo de la obra social petrolera, sino también de mutuales, sindicatos y otros sistemas de cobertura.
“Ese dinero ya fue reintegrado. El perjuicio patrimonial quedó completamente saldado”, afirmó Hertzriken Velazco, quien evitó precisar la cifra exacta por cláusulas de confidencialidad, aunque confirmó que se trata de un monto superior a los 200 millones de pesos.
Con el acuerdo extrajudicial, el Ministerio Público Fiscal aplicó un criterio de oportunidad, al considerar que el conflicto primario quedó resuelto y que el daño fue reparado en su totalidad. Esto derivó en el cierre de la causa y la restitución de los elementos secuestrados durante la investigación.
Desde la querella destacaron que el objetivo principal nunca fue punitivo sino resguardar los fondos de los afiliados y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
El trasfondo del caso
La causa se había iniciado a partir de una auditoría interna que detectó graves irregularidades en intervenciones quirúrgicas facturadas a la obra social, principalmente en pacientes pediátricos, hijos de afiliados. La investigación permitió identificar inconsistencias en historias clínicas, ausencia de estudios prequirúrgicos, internaciones inexistentes y prácticas médicas que no coincidían con los relatos de las familias.
El caso generó fuerte impacto público al conocerse que algunas cirugías registradas nunca se habían realizado, a pesar de haber sido cobradas, lo que derivó en allanamientos y una investigación penal por presunta defraudación.
La denuncia detallaba al menos 11 operaciones que nunca se realizaron, pero que igualmente fueron facturadas como intervenciones complejas.
“Lo que detectamos fue que se usaron datos de afiliados que habían tenido consultas previas, para montar cirugías que jamás existieron. Ninguno de esos chicos tuvo internación, prequirúrgico ni controles posteriores”, explicó en su momento el abogado querellante.
Pedido de sanciones profesionales
Hertzriken Velazco subrayó además la importancia de que los colegios y asociaciones profesionales actúen frente a este tipo de situaciones. En particular, remarcó la necesidad de que las entidades que nuclean a los anestesistas y médicos evalúen sanciones disciplinarias para evitar que hechos aislados terminen afectando a todo el sistema.
“Los tribunales de ética están para funcionar. No se puede mirar para otro lado cuando ocurren situaciones de esta gravedad, y más aún cuando involucran a menores”, sostuvo.
Con la devolución del dinero y la exclusión de los profesionales involucrados, el sindicato dio por concluido un episodio que había generado preocupación entre los afiliados y que puso bajo la lupa los mecanismos de control en las prestaciones de salud.
