El escándalo de las “cirugías fantasma” que sacude a la obra social de los petroleros privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa (OSPEPRI) sumó este martes un nuevo capítulo judicial.
El abogado Marcelo Hertzriken Velasco, apoderado legal del sindicato que conduce Marcelo Rucci, presentó ante la Justicia una solicitud formal para que se formulen cargos contra los médicos, a quienes acusa de haber fraguado intervenciones quirúrgicas en niños afiliados y de haber cobrado por operaciones que nunca se realizaron.
La presentación apunta a los profesionales por los delitos de uso de documentación falsificada y estafa, en los términos de los artículos 296 y 172 del Código Penal. Además, el escrito solicita que se dicten medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país y la comparecencia semanal ante las comisarías más cercanas a sus domicilios mientras dure el proceso.
Pero el pedido de la querella no se detiene allí. Hertzriken Velasco reclamó también que la investigación se extienda a las médicas auditoras, quienes, según sostuvo, autorizaron las supuestas cirugías sin realizar los controles mínimos que exige la práctica médica.
“Contrariaron toda práctica médica habitual y razonable, siendo partícipes necesarios de la maniobra pergeñada”, expresó el letrado en el escrito al que accedió Mejor Informado.
Una trama de estafas y simulaciones
El caso, que ya investiga la Fiscalía de Delitos Económicos, destapó un entramado de facturaciones irregulares y documentación médica apócrifa.
Según la auditoría interna de la obra social OSPEPRI, entre enero y junio de 2024 se habrían facturado una docena de cirugías traumatológicas pediátricas que nunca se realizaron.
Uno de los episodios más escandalosos fue el de una niña de 3 años con antecedentes cardíacos, quien figuraba como sometida a múltiples operaciones en menos de una hora y dada de alta a los 60 minutos. La investigación comprobó luego que jamás fue intervenida.
Las maniobras incluían la emisión de partes quirúrgicos falsos, fichas médicas adulteradas y cobros inmediatos mediante circuitos internos que evitaban cualquier control. Solo en el período auditado, el monto del fraude superaría los 200 millones de pesos.
Uno de los episodios más escandalosos fue el de una niña de 3 años con antecedentes cardíacos, quien figuraba como sometida a múltiples operaciones en menos de una hora y dada de alta a los 60 minutos. La investigación comprobó luego que jamás fue intervenida.
Más profesionales bajo la lupa
A partir de los allanamientos realizados el 20 de agosto, en una clínica privada y en domicilios particulares, la Justicia secuestró historias clínicas, computadoras y teléfonos celulares. Los peritajes confirmaron que no existían registros de quirófanos utilizados ni constancias de los supuestos pacientes operados.
La fiscalía amplió luego la investigación a cuatro anestesistas y un traumatólogo infantil, sospechados de haber participado en el esquema fraudulento. La hipótesis más firme apunta a una banda organizada de profesionales que se repartía los cobros por intervenciones inexistentes.
“El Sindicato, sus afiliados, la obra social y la mutual fueron defraudados económicamente por pagos indebidos hacia profesionales que fraguaron cirugías que nunca efectuaron”, sostuvo Hertzriken Velasco, quien pidió acelerar la formulación de cargos y el avance de la causa.
El caso, que combina corrupción médica, estafa y riesgo sanitario, generó un fuerte repudio en la comunidad petrolera. Más allá del perjuicio económico, el escándalo dejó al descubierto un entramado de complicidades que puso en juego la salud de niños afiliados y la confianza en el sistema médico sindical.
