En las últimas horas se dio a conocer una demanda judicial millonaria de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén contra la Municipalidad de Plottier por retención de aportes sindicales.
Los apoderados Mariano Mansilla y Juan Kairuz, en representación del gremio más importante de los trabajadores estatales, alegaron en el documento que la Municipalidad adeuda casi $1.000 millones por el cobro de aportes a los trabajadores afiliados al sindicato y que habrían sido retenidos.
Específicamente, son $939.848.604 millones. El período de los aportes retenidos abarca, según detallaron los letrados, de marzo del 2021 a marzo del 2026 y también el Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo de 2021 a 2025.
La demanda se funda en la obligación legal de la Municipalidad de Plottier de actuar como agente de retención de la cuota sindical, debiendo no solo efectuar el descuento sobre los haberes de los trabajadores, sino también ingresar dichas sumas a la organización sindical en los plazos establecidos.
Según se expone en el documento al cual tuvo acceso MejorInformado, el incumplimiento consistiría en haber retenido los aportes sin proceder a su correspondiente depósito, configurando una obligación legal incumplida respecto de fondos con destino específico.
De acuerdo con lo manifestado en la demanda judicial, la conducta denunciada podría, en forma preliminar, presentar adecuación en figuras del derecho penal vinculadas a la administración indebida de fondos de terceros, en tanto se trataría de sumas retenidas con destino específico cuyo ingreso no habría sido efectuado.
Plottier se encuentra conmocionada hace ya varias semanas por las investigaciones que recaen sobre el intendente Luis Bertolini, principalmente en relación al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, algo que podría costarle el cargo para el que fue elegido por los vecinos en 2023.
La demanda judicial de ATE hace referencia no solo a la gestión de Bertolini, sino también al mandato entre 2019 y 2023 de Gloria Ruiz, exvicegobernadora destituida de su cargo en la Legislatura por inhabilidad moral e investigada por hechos vinculados a la corrupción en la Administración Pública.
