La discusión ya está instalada y promete generar ruido. En la Legislatura provincial ingresó una iniciativa que apunta directo a un tema sensible: la vacunación de niños y niñas. El proyecto propone controles más estrictos, intervención del Estado y sanciones concretas para quienes decidan no cumplir con una obligación que, advierten, pone en riesgo a toda la comunidad.
El disparador fue un dato que encendió las alarmas dentro del sistema de salud. Durante 2024, en algunas ciudades rionegrinas, el nivel de vacunación infantil cayó al 80%, muy lejos del 95% recomendado para sostener la inmunidad colectiva. Esa brecha no es un detalle técnico: abre la puerta al regreso de enfermedades que ya estaban erradicadas.
A partir de este escenario, la propuesta plantea un cambio fuerte en la forma de actuar del Estado. Cada agente público provincial que detecte que un menor no tiene completo el esquema de vacunación deberá informarlo de manera obligatoria al Ministerio de Salud. Desde allí, se activarán acciones para intentar revertir la situación y garantizar que el niño reciba las dosis correspondientes.
Pero el proyecto va más allá del seguimiento sanitario. Si la negativa de los adultos responsables se mantiene, se prevé la intervención directa de la Defensoría de Menores y del Juzgado de Familia, con el objetivo de resguardar el interés superior del niño por encima de cualquier postura ideológica.
El punto más polémico, y también el más contundente, son las sanciones económicas. La iniciativa establece multas que no podrán ser inferiores al 20% del Salario Mínimo Vital y Móvil, con la posibilidad de duplicarse en casos de reincidencia. Para quienes no puedan afrontar el pago, se contempla la realización de trabajos comunitarios en el sistema de salud pública.
El proyecto no surge de la nada. Como antecedente, se menciona un caso ocurrido en General Roca, donde en 2024 un Juzgado de Familia ordenó la vacunación de un recién nacido, priorizando el derecho a la salud del bebé y la salud pública por sobre la decisión de sus progenitores. Ese fallo marcó un antes y un después en la discusión.
Mientras el proyecto comienza su recorrido legislativo, el debate ya está abierto. Entre la libertad individual y la responsabilidad colectiva, Río Negro vuelve a discutir hasta dónde puede —y debe— llegar el Estado cuando la salud de los más chicos está en juego.
