La causa Techo Digno volvió a empantanarse en Cipolletti y, una vez más, el avance hacia el juicio quedó frenado por un planteo del exintendente Abel Baratti, en una investigación que mantiene bajo la lupa el manejo de millones de pesos destinados a viviendas sociales y que también involucra al exjefe comunal y actual diputado nacional Aníbal Tortoriello.
El expediente, que arrastra idas y vueltas, tiene como protagonistas a dos exintendentes rionegrinos acusados de malversar fondos públicos en uno de los programas habitacionales más sensibles. Sin embargo, cada vez que la causa parece encaminarse al juicio oral, aparecen recursos, apelaciones o suspensiones que vuelven a estirar los tiempos y alimentan el malestar social.
Esta vez, la traba surgió cuando debía realizarse la audiencia para analizar la apelación contra la decisión judicial que rechazó cerrar la causa por prescripción. Baratti apeló el fallo de la jueza Alejandra Berenguer, quien sostuvo que el paso del tiempo no alcanza para dar por terminado el proceso. Pero la audiencia, prevista antes de Navidad, fue suspendida luego de que su abogado, Rafael Cuchinelli, informara que no podía asistir por problemas de salud.
Ante ese escenario, el juez Marcelo Gómez decidió postergar la audiencia con el argumento de que todos los imputados deben estar en igualdad de condiciones y que los planteos defensivos se escuchen en una sola sesión. Así, el expediente volvió a quedar en pausa, mientras las responsabilidades siguen sin definirse.
No es la primera vez que ocurre. Ya el 1 de septiembre, una audiencia clave había sido suspendida porque Cuchinelli se encontraba en otro juicio, en Tucumán. En aquel momento, la demora era previsible: Baratti podía negarse a ser representado por un defensor oficial que no conocía el expediente. Ahora, en cambio, la suspensión tomó por sorpresa al resto de las partes, con un certificado médico que recomendó reposo hasta el viernes 26.
La causa Techo Digno investiga el desvío de fondos públicos destinados a viviendas, y además de Baratti y Tortoriello, involucra a la excontadora municipal Lucila Chiocconi y a los empresarios Domingo Mocciola, Arturo Mendiberry y José Daniel Zoppi. El expediente se encuentra formalmente en la etapa de control de acusación, donde debe definirse si hay pruebas suficientes para llegar a juicio.
La Fiscalía imputó a los exintendentes por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en concurso real con peculado, como autores. A los empresarios y a la excontadora les atribuyó administración fraudulenta, en carácter de partícipes necesarios.
