La audiencia de control de acusación por la causa Techo Digno volvió a suspenderse este jueves por decisión de la jueza Alejandra Berenguer, luego de que las defensas de los seis imputados solicitaran un cuarto intermedio. Solo el empresario José Zoppi, uno de los acusados, estuvo presente en la sala; el resto de los imputados, entre ellos los exintendentes Abel Baratti y Aníbal Tortoriello, siguieron la jornada de manera virtual.
El pedido de suspensión se dio tras la exposición del fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, quien rechazó el planteo de prescripción presentado por la defensa de Baratti. El representante del Ministerio Público argumentó que el delito no puede darse por prescripto tratándose de exfuncionarios públicos, ya que, dijo, “desde sus cargos tienen la posibilidad de influir en las investigaciones en curso”. Márquez Gauna mencionó especialmente el caso de Tortoriello, hoy diputado nacional, y recordó que su actividad política ha continuado en los últimos años.
La magistrada accedió al pedido de las defensas para revisar los antecedentes y jurisprudencias que el fiscal citó en su exposición, y ordenó un cuarto intermedio sin fecha definida. De su resolución dependerá si la causa avanza hacia el juicio oral o si se cierra definitivamente por prescripción.
El expediente se originó por presuntas irregularidades en el programa nacional Techo Digno, que destinaba fondos para la construcción de viviendas sociales. En Cipolletti, durante la gestión de Baratti, se proyectaron 404 casas y se contrataron a las firmas Zoppi Hnos., ECA S.A., Roque Mocciola S.A. y Zigma S.A. La fiscalía sostiene que hubo sobrecostos por más de 27 millones de pesos y certificaciones de obras falsas.
Durante la gestión de Tortoriello, se informó que al principio de 2015 se había recibido solo una parte del dinero previsto por el convenio. Pero al final se pagó más de lo que correspondía, generando un sobrepago importante.
La audiencia también dejó un momento de tensión: el empresario Zoppi reclamó en voz alta por la toma de huellas dactilares exigida para el proceso judicial, lo que provocó un llamado de atención de la jueza Berenguer. La magistrada le explicó que se trata de un trámite obligatorio para verificar la identidad de todos los imputados, y que no resolverá el pedido de prescripción hasta contar con los informes completos.
Así, el expediente que involucra a dos exintendentes, una exfuncionaria y tres empresarios de la construcción sigue sin resolución definitiva. La definición sobre si habrá juicio o cierre de la causa quedó, una vez más, en suspenso.
