En los últimos días, familias del Valle Medio recibieron comunicados que confirmaban el cierre de salas de 3 años en jardines de infantes de la región. Uno de los casos más resonantes corresponde al Jardín N° 40 de Choele Choel, donde se informó que la salita no funcionará durante el ciclo lectivo 2025. En Lamarque la situación es similar, y el malestar se multiplicó entre quienes ya habían iniciado el proceso de inscripción y entre las docentes que temen perder su trabajo.
El cierre de las salas de 3 años se transformó en un tema de debate comunitario. Algunos padres sostienen que se utiliza el argumento de que la sala de tres “no es obligatoria” para justificar la medida, mientras que otros reclaman que se garantice la educación desde la primera infancia como un derecho básico.
La decisión se fundamenta en la caída sostenida de los nacimientos en Argentina desde 2016. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierte que el país atraviesa un marcado descenso en la natalidad, reflejado también en la matrícula de los jardines. Sin embargo, el cierre de salas no es la única alternativa posible.
En Río Negro, la directora general de Educación, Marcela Strahl, explicó que la medida se enmarca en el nuevo Documento Marco de Educación Inicial (DOMEI), aprobado por el Consejo Provincial de Educación. Según detalló, cada situación fue evaluada de manera particular y se analizaron las demandas locales para garantizar alternativas de escolarización o reubicaciones en otras instituciones.
Mientras tanto, en la vecina provincia de Neuquén se avanza con una estrategia distinta: la creación de escuelas infantiles que abarcan desde el año hasta los cinco años. Ya funcionan 37 instituciones y se proyecta llegar a 45 en 2026. Estas escuelas permiten abrir salas de 2 años e incluso de 1 año, aprovechando la infraestructura disponible y ampliando el acceso a la educación inicial.
En Río Negro, Strahl intentó llevar tranquilidad al señalar que de los 281 cargos afectados, el 85% pudo ser reconfigurado. Sin embargo, el 15% restante quedó expuesto a la pérdida de horas o puestos. Para las familias, la incertidumbre es doble: no solo se trata de garantizar el derecho a la educación inicial, sino también de reorganizar la vida cotidiana ante la falta de espacios para los más pequeños.
