La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la Ley 80-20, que obliga a las empresas a contratar un 80% de mano de obra local en proyectos estratégicos como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur , la futura terminal portuaria de Punta Colorada o la mina Calcatreu. El hecho fue celebrado como un triunfo político, se dio en un contexto en el que el gobernador Alberto Weretilneck movió todas sus fichas para obtener un respaldo total en plena campaña hacia las elecciones del 26 de octubre.
El mensaje es claro: el oficialismo se muestra como garante del empleo rionegrino frente al avance de los grandes capitales petroleros y mineros. La sanción, además, se convirtió en un gesto de unidad política poco frecuente, ya que ningún bloque se animó a votar en contra de una norma que promete defender el trabajo local en medio de la crisis económica. Y menos aún, los bloques que respaldan las politicas libertarias de Javier Milei, a quien no se le ocurriría limitar la contratación de empleados por su domicilio.
En este escenario, Weretilneck volvió a exhibir un don que lo caractreriza: el pragmatismo para obtener resultados en terrenos hostiles. Ya lo demostró en la pulseada con el consorcio que administra el Vaca Muerta Oil Sur, pese a que el RIGI —al que la provincia adhirió— le impedía crear un impuesto interno, consiguió que las empresas se comprometan a pagar un canon por el paso del caño por Río Negro. Esa jugada, que para muchos fue un acuerdo “creativo”, mostró hasta dónde puede tensar los límites sin romperlos. Ahora, repite la jugada y convierte a la Ley 80-20 en un estandarte de campaña, con un guiño directo a los votantes del interior rionegrino que reclaman empleo y participación en los grandes proyectos. O las quejas del peronismo que denuncía el uso de recursos naturales a cambio de migajas.
La iniciativa también le sirve para posicionar la candidatura de Andrea Confini, actual secretaria de Energía y su pareja, que acompaña a Facundo López en la lista de Juntos como segunda candidata a senadora. El discurso del "trabajo para los rionegrinos" aparece como un slogan potente para capitalizar el clima electoral. Como también el reparto del bono petrolero para obras en los municipios, logrado por la extensión de las conseciones de las áreas petroleras maduras, que el propio jefe de la bancada oficialista se encargó de enumerar y asegurar que también generan puestos laborales.
Claro que no todo es triunfo asegurado pese a la advertencia del gobernador: "No se pone un caño sin contratar un rionegrino". Algunos especialistas recuerdan que la Corte Suprema se declaró en contra de medidas similares, porque la Constitución prohíbe discriminar en el acceso al empleo por el lugar de origen. Aunque esa discusión judicial todavía parece lejana, la posibilidad de un revés legal queda latente en caso de que se detecten anomalías por parte de las empresas.
La Ley 80-20, entonces, condensa el ADN político de Weretilneck, un equilibrio entre captar el electorado y el beneficio concreto para los trabajadores. Y logró la foto política: Juntos consiguió alinear a toda la Legislatura detrás de una bandera que mezcla pragmatismo, estrategia y campaña. Y en Río Negro, a dos meses de las elecciones de medio término, con un escenario polarizado en el que al oficialismo le cuesta encajar, esa imagen vale mucho.
