Río Negro arranca el 2026 con un cóctel explosivo: gremios que reclaman una paritaria urgente tras meses de salarios congelados, un gobernador que promete convocar en enero pero avisa que no habrá aumentos sin mayor recaudación, y un ministro de Hacienda que dejó al desnudo una verdad incómoda: la caja provincial está en terapia intensiva.
En su exposición en la Legislatura, Gabriel Sánchez puso los números sobre la mesa sin anestesia. La provincia debe poco más de 15 mil millones de pesos a proveedores, una cifra que coincide casi de manera quirúrgica con lo que hoy hay disponible en caja. Traducido al idioma de la calle: todo lo que entra, ya está gastado. Y para dimensionar la magnitud del problema, ese pasivo representa cerca del 10% de la masa salarial mensual. Un dato que explica por qué el discurso oficial suena duro, seco y sin margen para promesas.
La recaudación tampoco ayuda. La motosierra de Javier Milei impactó en la transferencias a las provincias. Entre octubre y diciembre los ingresos provinciales retrocedieron empujados por la recesión, la caída del consumo y una importación indiscriminada que dejó a la producción local contra las cuerdas. En ese escenario, la palabra "aumento" empieza a sonar más a deseo que a posibilidad concreta. Y aun así, los gremios no están dispuestos a esperar.
La tensión se siente especialmente con la nueva conducción de UnTER, encabezada por Laura Ortiz, que exige recomposición salarial "ya", con la urgencia de quienes ven cómo el sueldo se licúa antes de llegar a fin de mes. El gobierno, en cambio, insiste con una línea roja que no piensa cruzar: sin mayor recaudación, no hay aumentos. No es ideología, es matemática pura.
Además, el conflicto con los docentes mantiene otro frente caliente: las auditorías médicas. Mientras el gremio exige su derogación, el Ejecutivo responde con un dato que cae como una trompada: casi 19 mil millones de pesos ahorrados en licencias rechazadas. Una cifra que, casualmente, se parece demasiado a lo que se debe a proveedores. El mensaje es claro y brutal: sin control, la caja se hunde. Para UnTER es persecución; para el gobierno, es supervivencia. El choque no es discursivo, es estructural.
El cuadro se completa con una provincia que vive atada al respirador del financiamiento externo. Créditos del Banco Patagonia, préstamos internacionales del CAF y otras asistencias que permiten estirar el día a día. Pero cada salvataje tiene costo: intereses que muerden recursos escasos y achican todavía más el margen para salarios y obras. En la Legislatura se escucharon las explicaciones, pero lo que quedó flotando fue una sensación inquietante: Río Negro vive al día y cualquier sacudón puede desatar atrasos y conflictos mayores.
En el corto plazo, la esperanza se deposita en el turismo. Con una temporada frutícola pésima, los números de Las Grutas, con 95% de ocupación en Año Nuevo, y las reservas en Bariloche aparecen como un pequeño respiro. Aunque el deseo de viajar a la cordillera rionegrina puede sufrir alteraciones: los riesgos de incendios en la cordillera son altísimos y obligan a redoblar campañas de concientización y recorridas preventivas de Protección Civil y Policía. El verano promete movimiento, pero también tensión.
A largo plazo, la salida está puesta en el cambio de la matriz productiva. Vaca Muerta Oil Sur, los proyectos de GNL, las exportaciones mineras, con el inicio de Calcatreu, que en semanas hará su primera lixiviación de oro y plata, aparecen como la gran apuesta. Son promesas de futuro, empleo y dólares, pero con una advertencia que nadie puede ignorar: los resultados no serán inmediatos.
El 2026 arrancó y en Río Negro nadie juega cómodo. El gobierno administra una caja vacía, los gremios miden fuerzas y los números mandan más que los discursos. La paritaria prometida para este mes, será apenas la primera batalla del año.
