La rutina dentro de la Unidad 51 de Magdalena suele ser estricta, pero en medio de ese escenario cerrado una imagen sacudió el clima del penal: Morena Rial habría compartido una foto en sus redes mientras continúa detenida, una acción que, según fuentes judiciales, podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza para su defensa. La story duró apenas unos minutos y ya no figura en su cuenta, aunque eso alcanzó para que circulara por distintos grupos y llegara a los medios.
En la postal, que fue reposteada desde el penal, se la veía junto a una amiga y sosteniendo al que sería su hijo menor, acompañada por un breve “Los amo”. El problema no fue el mensaje, sino la vía: el uso del teléfono celular en condiciones no autorizadas puede derivar en sanciones internas e incluso revisarse el permiso que obtuvo hace pocas semanas.
La situación cobró más fuerza cuando en DDM (América TV) mostraron una captura de chat que involucraría a la joven. “¿Qué onda?“, decía el mensaje que difundió su abogado Martín Leiro, confirmando que Morena Rial tenía un dispositivo consigo. En ese contexto, la filtración de esta nueva foto expuso otra vez el debate sobre si cumplió —o no— con las reglas del penal.
Mientras tanto, la causa que la mantiene tras las rejas sigue avanzando. Morena Rial está imputada por robo agravado por efracción y escalada, una modalidad conocida como escruche, vinculada al ingreso a viviendas desocupadas para sustraer objetos de valor. El hecho por el que se la acusa ocurrió en enero de 2025 en Villa Adelina y, según la investigación fiscal, habría actuado como parte de una banda: manejando el vehículo, cumpliendo un rol de vigilancia y manteniendo comunicaciones con quienes ingresaron a la casa luego de cortar la luz.
Las pruebas recopiladas —entre ellas cámaras de seguridad y testigos— fueron determinantes para su detención. Aunque en febrero había recuperado la libertad, en septiembre volvió a prisión por incumplir varias de las condiciones impuestas: no presentarse en las comparecencias judiciales, no acreditar medios de subsistencia y no iniciar el tratamiento psicológico obligatorio. La jueza consideró que existía riesgo de fuga y dispuso nuevamente su prisión preventiva.
Desde entonces permanece en un pabellón destinado a internas procesadas por delitos graves. En los primeros días, trascendió que atravesó episodios de crisis emocional, comprensibles por el impacto del encierro y por el giro que tomó su situación judicial.
El delito que se le imputa prevé penas de tres a diez años de prisión, y la figura de participación en banda agrava aún más el panorama. En ese escenario, el uso irregular del celular podría significar un retroceso para los pedidos de su defensa.
