La Justicia federal mantiene la atención sobre Andrea del Boca desde 2018, cuando comenzaron a surgir cuestionamientos sobre el financiamiento de la telenovela Mamá Corazón. Ahora, la fiscal federal Fabiana León solicitó que la actriz cumpla una pena de tres años de prisión en el marco de un juicio oral y público que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7).
El planteo de la fiscal se centra en que Andrea del Boca habría sido una “partícipe necesaria” en la defraudación al Estado, al recibir fondos públicos para la producción de su telenovela bajo supuestas irregularidades en la contratación. Este caso también involucra a otros funcionarios, ampliando la gravedad de la causa.
Entre los acusados se encuentra Julio De Vido, exministro de Planificación, para quien se solicitó una pena de cuatro años y medio de prisión, y Carlos Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), quien habría autorizado el giro de los fondos y podría recibir una condena de cuatro años.
Además de las penas de cárcel, la fiscal reclamó la devolución solidaria al Estado de 3.126.000 dólares. Este monto corresponde a los fondos otorgados a la productora de Andrea del Boca, considerados como malversación de dinero público por la Justicia.
El eje de la acusación contra Andrea del Boca se basa en que la financiación se realizó mediante adjudicación directa, un procedimiento que, según la normativa, no estaba permitido para este tipo de contratos. La fiscal enfatizó que la productora de la actriz se benefició de manera directa, vulnerando los controles de contratación pública.
Según la Sindicatura General de la Nación, el contrato presentaba cláusulas poco habituales, como la exclusividad de cinco años para la comercialización internacional de la telenovela, con posibilidad de prórroga por otro lustro, a pesar de que la obra fue financiada con fondos del Estado.
Este juicio no solo reviste importancia por las penas solicitadas, sino también por el precedente que puede sentar en cuanto al control del uso de dinero público en producciones culturales. La resolución del TOF7 será clave para definir si la actriz y los demás involucrados enfrentarán efectivamente prisión.
Mientras tanto, Andrea del Boca sigue activa en el ámbito artístico, pero este proceso judicial marca un desafío legal significativo que podría afectar su carrera y reputación, dejando en evidencia la atención de la Justicia sobre el manejo de fondos públicos en producciones privadas.
