El caso Solange Musse conmocionó al país en el 2020, en pleno Aislamiento social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por el COVID-19. La joven oriunda de Neuquén vivía en Alta Gracia, Córdoba por un tratamiento contra el cáncer y falleció sin tener la posibilidad de despedirse de su padre, Pablo Musse, debido a las imposiciones de las autoridades nacionales.
En aquel momento, el cuadro de la joven empeoró y su padre viajó desde el sur para acompañarla. Sin embargo, en un control en la ruta 35 a la altura de Huinca Renancó -único ingreso habilitado a Córdoba-, lo obligaron a regresar a Neuquén, impidiendo que el hombre se despida de su hija en vida.
Ahora, a cuatro años de que se incumplieran sus derechos y de que el caso ingresara a la Justicia, el abogado de la querella Carlos Nayi confirmó que fue elevado a juicio por parte de la Cámara de Crimen de Río Cuarto.
Los acusados son empleados del ya disuelto Comité de Operaciones de Emergencia (COE): Eduardo Andrada y Analía Morales. "Su último deseo era darle un abrazo a su padre, su madre ya estaba con ella”, recordó el letrado y siguió sobre Musse: “Habiendo cumplido con todas las formalidades de la ley, habiendo tenido el certificado que lo habilitada a transitar fue interceptado y tratado de manera humillante”.
Alberto Fernández, en el ojo de la tormenta
Además de los acusados, el expresidente Alberto Fernández podría ser acusado de coautor de abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público. “Quedó firme lo que el juez de control mencionó, que el Tribunal que resulte competente debería intervenir, conocer, investigar y decidir si ha habido comisión de delito o irresponsabilidad que comprometa al máximo titular del Poder Ejecutivo nacional de ese entonces, Alberto Fernández”, señaló.
De esa forma, Nayi reiteró algo que dijo Solange Musse antes de morir: “Hasta el último suspiro tengo mis derechos”. “Después de fallecida Solange (16 de agosto de 2020), su padre y su tía tuvieron que pedir una acción de amparo para poder ir al velorio. Su padre la abrazó pero abrazó un cajón, un ataúd y nunca más la vio”, agregó con indignación.
Por último, remarcó que Fernández debe ser investigado junto a otros funcionarios. Durante el 2020, estaba vigente el decreto que establecía el ASPO pero "había excepciones como cuando había que atender situaciones de fuerza mayor y eso no se contempló", explicó.