Diputados avanza esta semana con el debate del Presupuesto 2026, en medio de la tensión por el financiamiento universitario, aún sin resolución por parte del Gobierno nacional. La Comisión de Presupuesto y Hacienda continuará con el cronograma votado por la oposición, sin frenar la agenda pese a que la Casa Rosada no respondió al Congreso sobre la ley de Financiamiento para las Universidades Nacionales, vetada por el presidente Javier Milei y cuya restitución reclama el Parlamento.
Este martes a las 13 horas están citados el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes deberán defender los 4,8 billones de pesos previstos para las universidades nacionales en el proyecto oficial. El texto propone además derogar, a través del artículo 30, la obligación legal de destinar el 6% del PBI a educación, una norma vigente desde 2006 que el Gobierno ya había suspendido por un año en 2023.
Para el miércoles, también a las 13, fue convocado el secretario de Trabajo, Julio Cordero, junto a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real. El nuevo presidente de la comisión, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, mantiene conversaciones para sumar en las próximas sesiones al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y eventualmente al secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
La oposición impuso un esquema de siete reuniones: seis informativas y una final para dictaminar el 4 de noviembre. El objetivo es llevar el Presupuesto al recinto el 12 de noviembre y que luego sea girado al Senado. “El debate debe darse con todos los bloques, no solo con los que el Gobierno piensa que acompañarán”, advirtió el diputado Oscar Zago (MID), quien reclamó discutir también la falta de ejecución presupuestaria en algunas áreas y pidió que el equilibrio fiscal no se plantee como única meta sin contemplar desarrollo y empleo.
El Presupuesto 2026 proyecta una inflación del 10,1% anual, un crecimiento del PBI del 5% y un tipo de cambio oficial de 1.423 pesos por dólar. Según el oficialismo, el 85% del gasto estaría concentrado en educación, salud y jubilaciones, con un aumento real del 5% en haberes previsionales, 17% en salud, 8% en educación y 5% en pensiones por discapacidad. La asignación para universidades asciende a 4,8 billones de pesos, en un escenario donde el financiamiento académico es uno de los principales focos de conflicto político.
En la primera ronda ya expusieron el titular de ARCA, Juan Pazo, quien informó que la evasión del IVA llegó al 37% en 2024, y el secretario de Energía, Daniel González, que ratificó la continuidad de la reducción gradual de subsidios a los servicios, con impacto directo en los hogares durante 2026. El oficialismo sostiene que el equilibrio y el superávit fiscal son condiciones indispensables para estabilizar la macroeconomía, mientras el debate se acelera con el sistema universitario en el centro de la disputa parlamentaria.
