El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, solicitó ante el Tribunal Oral Federal N°4 (TOF 4) la prisión domiciliaria, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena a cuatro años de cárcel por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en 2012 y que dejó 51 víctimas fatales.
La presentación fue realizada por su abogado Maximiliano Rusconi, quien calificó el fallo del máximo tribunal como una “decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”. En un comunicado difundido por la defensa, el letrado adelantó además que llevará el caso ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra.
Rusconi sostuvo que la Corte rechazó “con velocidad sospechosa y oportunismo evidente” un recurso de queja presentado por la defensa, que cuestionaba tanto la legitimidad como el monto de la pena impuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.
El abogado argumentó que el tribunal omitió pronunciarse sobre un planteo de prescripción de la acción penal, lo que —según su interpretación— invalida la ejecución de la condena. “La prescripción operó de puro derecho”, afirmó, señalando que el último acto que interrumpió ese plazo fue el 10 de diciembre de 2018, cuando se dictó la sentencia condenatoria aún no firme.
“Pasaron casi siete años sin una sentencia completa. Cualquier privación de libertad en este contexto constituye una violación de las garantías fundamentales”, advirtió el defensor, quien también confirmó que se presentó un recurso de reposición y revocatoria ante la propia Corte Suprema.
En su comunicado, la defensa de De Vido insistió en que el exfuncionario “no fue condenado por el choque de Once”, sino por otra imputación vinculada a su rol como funcionario público, al considerar que no cumplió con sus deberes de control en el área de transporte.
Rusconi remarcó que el tribunal que lo juzgó atribuyó la causa del accidente a la conducta temeraria del conductor del tren, y sostuvo que la condena vigente se encuentra prescripta, ya que el plazo máximo de seis años habría vencido el 10 de diciembre de 2024.
El abogado adelantó que acudirá a la ONU para denunciar lo que considera una “privación de libertad arbitraria” y un hecho de “enorme gravedad institucional”. Según detalló, pedirá que el grupo de trabajo internacional intervenga de manera urgente y exhorte al Gobierno argentino a impedir la detención del exministro.
“Ante lo preocupante de la situación y la inminente privación de libertad del arquitecto De Vido, solicitaremos que las autoridades judiciales adopten las medidas necesarias para evitar que esta ilegalidad se materialice”, afirmó Rusconi.
La defensa busca que el exministro, de 75 años, cumpla la condena en su domicilio, mientras continúa intentando revertir la decisión judicial. La Corte Suprema, al dejar firme la sentencia, consideró agotadas las instancias de apelación, lo que habilitó al TOF 4 a ejecutar la pena.
