Un jubilado mendocino decidió ir a fondo contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca: presentó una demanda millonaria por más de $152 millones, asegurando que la vacuna contra el COVID-19 le provocó una trombosis venosa profunda que lo dejó con secuelas permanentes.
El caso no es uno más. Podría transformarse en un precedente histórico porque, hasta ahora, las farmacéuticas quedaron blindadas por la Ley 27.573, aprobada en plena pandemia bajo la gestión de Alberto Fernández. Esa norma les otorgó inmunidad civil a cambio de que aceptaran firmar contratos confidenciales para garantizar el suministro de dosis.
Una ley en el centro de la polémica
La legislación obliga a cualquier damnificado a recurrir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo que ofrece compensaciones limitadas y únicamente si hay pruebas médicas contundentes.
Este jubilado las consiguió. Con estudios clínicos y asesoría legal, reclama una indemnización millonaria por daños físicos y morales, gastos médicos, incapacidad permanente, pérdida de oportunidades laborales y recreativas y un daño punitivo como castigo ejemplar contra AstraZeneca.
Según su denuncia, ya no puede manejar maquinaria agrícola, practicar deportes ni realizar viajes. Su vida cotidiana quedó marcada por las secuelas.
Más que un reclamo económico
La demanda también apunta a declarar inconstitucional la Ley 27.573, lo que abriría la puerta a juicios directos contra los laboratorios en Argentina.
En Europa ya hubo fallos resonantes: en Barcelona, un tribunal reconoció como accidente laboral el caso de un docente afectado por la vacuna de AstraZeneca. En Argentina, avanzan expedientes por efectos graves como el síndrome de Guillain-Barré y otros trastornos.
Mientras tanto, el propio laboratorio admitió efectos adversos poco frecuentes —como la trombocitopenia trombótica inmune—, pero insiste en que los beneficios de la vacunación superan los riesgos.
El expediente mendocino podría transformarse en un caso testigo, no solo por el monto millonario, sino porque desafía el blindaje legal que hoy protege a las farmacéuticas.
