El caso de Sur Álvarez Tovar expone, con crudeza, una de las formas más dolorosas de vulneración de derechos en la infancia: el impedimento de vínculo y las falsas denuncias, que terminan dañando a quienes deberían ser prioridad absoluta. A pesar de las intensas búsquedas, la niña de 7 años continuaba desaparecida, en un contexto que la propia Justicia mendocina ya ha calificado con la gravedad que amerita.
Según consta en la causa, la menor fue retenida por su madre, Sofía Micaela Tovar, quien desoyó una orden judicial expresa que disponía su restitución al padre, identificado como A.A. La medida fue dictada por la jueza de Familia Natalia Lorena Vila, en el marco de una acción iniciada en los tribunales de Gestión Judicial Asociada de Familia de Maipú. No se trata de un conflicto menor ni de una disputa doméstica: es el incumplimiento deliberado de una resolución judicial.
Los elementos que surgen del expediente agravan aún más la situación. Se sospecha que la madre no solo ocultó a la niña, sino que además habría modificado su nombre y posiblemente su apariencia, dificultando su localización. El último registro ubica a ambas en el partido bonaerense de San Isidro, donde Sur fue inscripta en una escuela, aunque no se descartan nuevos movimientos ni cambios adicionales que compliquen la búsqueda.
Este tipo de conductas no pueden relativizarse ni disfrazarse bajo ningún argumento. Cuando un menor es sustraído de su entorno legal y familiar, y se impide el contacto con uno de sus progenitores en contra de lo que dispone la Justicia, estamos frente a un hecho que, en los términos más claros, constituye un secuestro. Y como tal, debe ser abordado con todo el peso de la ley, sin atenuantes ni justificaciones ideológicas
En este contexto, resulta inevitable señalar cómo ciertas corrientes de pensamiento, asociadas a un feminismo extremo, han contribuido a instalar prácticas que constituyen abusos e ilegalidades. Cuando se promueven denuncias sin sustento o se legitima el apartamiento arbitrario de uno de los padres, se erosiona el principio básico del interés superior del niño y se habilitan escenarios de profundo daño emocional.
La resolución judicial también dispuso la intervención de organismos especializados y la difusión pública de datos e imágenes de la menor, precisamente para garantizar su pronta localización. Desde la Oficina de Prensa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se recordó que estas acciones buscan restituir derechos y hacer cumplir las decisiones judiciales, en un marco donde la prioridad debe ser siempre el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
El caso interpela no solo al sistema judicial sino también a la sociedad en su conjunto. Naturalizar el impedimento de vínculo o minimizar falsas denuncias es abrir la puerta a tragedias evitables. Por eso, frente a hechos de esta gravedad, la respuesta debe ser clara, firme y sin ambigüedades: proteger a los niños implica también sancionar con rigor a quienes los utilizan como herramienta en conflictos adultos.
