Continúa el juicio por el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido durante el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu que realizó el grupo de elite Albatros, por orden del juez Federal de Bariloche el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi. El jefe del operativo fue uno de los testigos y entre algunas contradicciones reconoció que Prefectura Naval no es una fuerza idónea para actuar en operativos de desalojo en la montaña.
El juicio comenzó la semana pasada e intenta dilucidar cómo y quién mató a Nahuel, hay cinco prefectos imputados: Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, quienes continúan en actividad.
En las primeras audiencias quedó en claro cuál es la estrategia de la defensa de los cinco prefectos acusados. Varias veces dijeron que se trató de un enfrentamiento armado, pero no hay pruebas reales que indiquen que los mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu hayan estado armados o que hayan disparado. Aunque en el lugar se encontraron más de un centenar de vainas servidas de calibre similar al de las armas reglamentarias de los prefectos.
En su declaración, Pablo Rubén Berra, mantuvo en la misma teoría del enfrentamiento armado. Aunque a la hora de responder preguntas no pudo asegurar si escuchó disparos de armas de fuego por parte de los mapuches que corrían montaña arriba y se escondían en el bosque para no ser atrapados por los Albatros.
Berra aclaró que no subió a la montaña ni participó de la persecución de los miembros de la comunidad mapuche que mantenía la toma de tierras de Parques Nacionales. De todas maneras estuvo cuatro horas prestando declaración. Aunque fue consultado expresamente, no pudo dar precisiones de la cantidad y tipo de armas que portaban sus subordinados.
Además, cayó en contradicciones porque aseguró que "la patrulla que subió a la cima no llevó (subfusiles) MP5", sin embargo en la indagatoria había detallado que uno de los uniformados, Carlos Valentín Sosa, portaba ese tipo de arma. Situación que cuestionó el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski.
El abogado de uno de los acusados, Marcelo Hugo Rocchetti, le consultó como había sido el encuentro y el jefe del operativo no dudó: "enfrentamiento armado". Pero cuando le solicitaron más detalles, no pudo confirmar si fue una conclusión a la que llegó por el dicho de los Albatros que subieron a la montaña o por las comunicaciones por radio con ellos. Aunque aseguró que a través del handy le solicitaron refuerzos y autorización para "pasar a acción efectiva". Lo que aclaró que es la utilización de municiones de plomo.
En medio del relato, también reconoció que "Prefectura no es una fuerza idónea" para actuar en la montaña, y que temió por su vida y la de sus hombres. Antes del secuestro de su celular por la Justicia, el 25 de julio de 2017, Berra envió dos audios de WhatsApp en los que relató la versión de los hechos que le brindaron los imputados, habló de emboscada, de maniobras defensivas de guerra del grupo de mapuches, y de disparos con armas de grueso calibre que "arrancaban árboles de cuajo". Pero nada de esto pudo ser probado en la instrucción.
Como sucedió la semana pasada, durante la audiencia, afuera de la sede de la Justicia Federal de Roca, hubo una manifestación que pedía Justicia. Nuevamente se cuestionó la negativa del Tribunal Oral Federal de realizar el juicio en Bariloche y no a más de 500 kilómetros de distancia. Además de otorgarle el beneficio a los imputados de estar presentes vía Zoom y no en la sede del organismo.
El juicio continúa mañana con la declaración de cinco miembros de la Prefectura Naval, tres de la Policía Federal y uno de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), todos presentes en la zona de Villa Mascardi el día del asesinato.